La ONU denuncia los reiterados ataques contra pueblos indígenas en Nicaragua para expulsarlos de sus tierras

«Estamos muy preocupados por los repetidos ataques contra los pueblos indígenas en Nicaragua, la falta de protección de sus derechos y la impunidad de los crímenes cometidos contra ellos», ha dicho la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en un comunicado.

Desde 2015 unos 40 indígenas han sido asesinados y otros 47 han resultado heridos, mientras que 44 han sido secuestrados y otros cuatro han desaparecido, todos «en casos relacionados con invasiones de tierras», de acuerdo con el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

Hurtado ha señalado que «la mayoría de la violencia se ha llevado a cabo por parte de colonos que pretenden expulsar a los pueblos indígenas de sus hogares ancestrales y usar sus tierras para la tala y la ganadería ilegales.

El incidente más reciente tuvo lugar el pasado 29 de enero cuando decenas de hombres armados atacaron la comunidad mayangna, en la reserva de la biosfera de Bosawás, «una remota zona protegida» ubicada en la costa caribeña, 300 kilómetros al norte de Managua. Cuatro miembros de la comunidad alal, en el territorio de los sauni as, murieron, otros dos resultaron heridos y 16 casas fueron quemadas obligando a cientos de personas de esta y otras localidades cercanas a huir. La Policía apareció al día siguiente.

«Los mayangna habían denunciado públicamente el pasado mes de noviembre que habían recibido amenazas de muerte de colonos pero dijeron que no habían recibido la protección adecuada», indica Hurtado.

Además, el 4 de enero, Mark Rivas, un líder indígena miskitu, fue encontrado muerto de un disparo en Bilwi, en la misma región. También había denunciado que había recibido amenazas de muerte anónimas tras acusar al partido gobernante de crear divisiones entre las comunidades nativas.

Para la oficina de Michelle Bachelet, esto demuestra que, a pesar de que el Estado nicaragüense adoptó en 2003 una ley para proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, que representan un 31 por ciento del territorio nacional, «siguen enfrentándose a desafíos y presiones debido a las recurrentes invasiones de colonos».

Así, según una ONG danesa y el Gobierno Territorial de Mayangna, entre 1990 y 2015 se ha deforestado anualmente una media de 600 hectáreas de la reserva de la biosfera de Bosawás. El ritmo de deforestación se suplicó entre 2010 y 2015. En la zona donde se han producido los últimos incidentes, el número de habitantes no indígenas se ha duplicado hasta los casi 200 entre 2009 y 2015.

Hurtado ha recordado que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce su derecho sobre sus tierras y recursos y prohíbe su desplazamiento forzado. Por tanto, «el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los pueblos indígenas y sus tierras, incluido de terceras partes».

«Urgimos a las autoridades nicaragüenses a llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva, imparcial e independiente sobre estos incidentes y a que los responsables rindan cuentas», ha reclamado Hurtado.

También ha instado al Gobierno de Daniel Ortega a «proporcionar justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familias», así como «asistir a aquellos que han sido desplazados forzosamente, incluidos los que ya han vuelto a sus comunidades».

«Es crucial que las autoridades den los pasos necesarios para prevenir una mayor violencia y proteger las tierras y los recursos de las comunidades indígenas», ha recalcado la portavoz de la ONU.

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