Las Naciones Unidas han lanzado una advertencia urgente: si Israel no revierte su nueva normativa, la red humanitaria internacional en Gaza corre peligro de desaparecer en cuestión de semanas. La exigencia de identificar al personal extranjero de las ONG está siendo interpretada por estas organizaciones como una medida represiva e incompatible con el Derecho Internacional Humanitario, justo cuando la población palestina sufre los efectos devastadores del bloqueo y la escasez extrema.
El Equipo Humanitario del Territorio Palestino Ocupado, integrado por agencias de la ONU y sus socios, ha alertado en un comunicado de que muchas ONG podrían ser desregistradas antes del 9 de septiembre, lo que supondría la retirada inmediata de su personal internacional.
Sin ONG registradas, la ayuda internacional dejaría de llegar a millones de personas que dependen de ella para sobrevivir
Las ONG que no aceptan las nuevas condiciones ya tienen prohibido el envío de suministros a la Franja. Según la ONU, 29 organizaciones han visto rechazadas sus peticiones reiteradas para llevar alimentos y medicinas.
Israel justifica estas decisiones por la falta de “autorización” de dichas entidades. Pero para Naciones Unidas, este argumento es una forma de cerrar el paso a la asistencia en uno de los peores momentos de la crisis humanitaria. Además, advierten de que esta política vulnera las obligaciones israelíes bajo el Derecho Internacional Humanitario.
El documento publicado por Naciones Unidas vincula esta nueva exigencia con un marco más amplio de restricciones dirigidas a silenciar a las organizaciones críticas con las políticas del Gobierno de Israel.
Las ONG que denuncian públicamente violaciones de derechos podrían enfrentarse a sanciones o ser expulsadas del territorio. Esto genera, según el equipo humanitario, un clima de temor y autocensura que obstaculiza la misión humanitaria.
El contexto se agrava tras la petición reciente de más de veinte expertos de la ONU de desmantelar la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Israel y EEUU, por considerar que utiliza la ayuda con fines militares y políticos encubiertos.
La ONU acusa a la GHF de violar el Derecho Internacional al manipular la ayuda para intereses estratégicos. Esta acusación refuerza las sospechas sobre una estrategia deliberada para controlar el flujo de recursos humanitarios según intereses geopolíticos.
La combinación de restricciones logísticas, represalias políticas y exigencias administrativas está dejando a las ONG sin margen de maniobra. Naciones Unidas advierte de que la situación en Gaza se acerca rápidamente al umbral de hambruna, con informes diarios de muertes por desnutrición, especialmente entre menores.
Cada día sin ayuda supone un aumento del sufrimiento de la población civil, atrapada entre el bloqueo y el colapso humanitario. La ONU señala que si no se revierte esta política, el sistema de asistencia humanitaria podría quedar desmantelado en cuestión de semanas, dejando a la población sin alimentos, medicinas ni agua potable.
En este escenario, el organismo internacional insta a Israel a que respete el marco legal humanitario y permita operar libremente a las ONG, en lugar de imponer condiciones que las obliguen a cesar su trabajo.
La ayuda internacional no puede ser condicionada ni utilizada como herramienta política en contextos de emergencia extrema. La prioridad, insiste Naciones Unidas, debe ser proteger vidas humanas, no obstaculizar la única red de apoyo que aún opera en Gaza.
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