Según el informe, las llamadas ‘leyes de concordia’ vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulnera los estándares internacionales y Tratados internacionales suscritos por España.
En una comunicación conjunta elaborada por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas exige información a las tres comunidades autónomas objeto de su análisis.
En su informe, la ONU señala, además, que la violación a los DDHH detectada podría generar responsabilidad internacional del Estado español si no se actúa. Trasladada esta advertencia, el Gobierno pedirá a las comunidades autónomas concernidas la revisión urgente de estas iniciativas.
Este informe responde a la iniciativa del Gobierno de elevar a las principales instancias europeas e internacionales las medidas contra la Memoria Democrática emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades.
El Ejecutivo anunció en abril su intención de recurrir a las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, -promoviendo iniciativas para incluir en el orden del día del pleno para su debate y votación por parte del Grupo S&D,- y al Consejo de Europa. Y lo hizo, con tres actuaciones simultáneas.
En primer lugar, impulsar un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Asimismo, informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos. Por último, solicitar la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
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