Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, presidenta de la Comunidad y alcalde de Madrid, respectivamente.
Si bien, el órgano que dirige Carlos Granados solicita en este dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, a la Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo que remita las conclusiones de la Auditoría puesta en marcha por el Órgano de Ética y Cumplimiento de la Empresa, así como las conclusiones de la Auditoría externa sobre la contratación de la empresa.
En el mismo sentido, el Comité de Ética ha determinado que “no se ha podido demostrar” ninguna acción “irregular” o “sospechosa» por parte de sus trabajadores.
La Oficina concluye asimismo que no se ha detectado ninguna gestión ni pago al Grupo de Detectives Mira y que la contratación llevada a cabo por la EMVS desde julio de 2019 se ha tramitado “conforme a la legalidad vigente, sin que se haya producido ningún beneficio espurio de personas físicas o jurídicas; y que toda la actividad desarrollada por la EMVS ha sido, y es, en defensa de los intereses generales y en cumplimiento de sus objetivos y fines estatutariamente determinados”.
Fueron los ediles socialistas Pedro Barrero y Ramón Silva quienes registraron el pasado 17 de febrero una petición para que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción investigara el presunto espionaje y uso de fondos de la empresa municipal para tal fin.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha apoyado en ambos informes para reiterar que no se produjo el presunto espionaje a Díaz Ayuso con fondos públicos y que “como la oposición sabe que no hubo encargo ni se destinó un euro de dinero público en pagar esa investigación, quieren hacer un circo, y eso es faltar el respeto a los madrileños”.
El consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, comparecerá este lunes a las 16 horas y será el punto de partida de la comisión. Tras él podrán comparecer, según el orden del día, todos los citados que, sin haber confirmado su intención de asistir, posteriormente decidan hacerlo. Sin embargo, los grupos políticos no cuentan con ello.
La primera que adelantó que no participaría en la comisión fue la propia Isabel Díaz Ayuso. El alcalde ya defendió la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid argumentando que “no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser afectada”.
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