La decisión de votar en secreto la proclamación de independencia de Cataluña tiene consecuencias judiciales directas para los miembros del Parlament de Cataluña. Los diputados quedan eximidos de la responsabilidad directa de la declaración y la Mesa del Parlament será quien pague la cuenta legal de la votación. Una cuenta que puede ascender a condenas de hasta 30 años de prisión.
La Fiscalía prevé emprender acciones legales contra Ramona Barrufet i Santacana, Anna Simó i Castelló, Lluís Guinó i Subirós y Carme Forcadell por haber tramitado y aceptado la votación favorable a la declaración unilateral de independencia.
Las cuatro personas mencionadas son los miembros de Junts pel Si de la Mesa del Parlament, que junto al Govern de la Generalitat, será investigados y denunciados por un presunto delito de rebelión.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lleva semanas advirtiendo que declarar la independencia – o facilitar su tramitación – podría derivar en condenas elevadas de prisión por rebelión, a pesar de que la declaración no se produjera en forma violenta.
El Código Penal castiga a quienes se levanten “violenta y públicamente” para “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Sin embargo, una sentencia de primavera del 83 detalló que la violencia no era “indispensable”.
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