El presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el líder de UGT, Pepe Álvarez; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuevas; y el líder de CCOO, Unai Sordo
En el encuentro del viernes se abordaron materias como las contratas y subcontratas y la prevalencia de los convenios colectivos, dos de los temas que están más trabajados en la mesa. Estas dos materias, junto a la ‘ultraactividad’, seguirán debatiéndose hoy por videoconferencia.
Según fuentes del diálogo social consultadas por Europa Press, la negociación se está desarrollando en un clima «constructivo».
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido estos días en que se cumplirá el plazo «autoimpuesto» y comprometido con Bruselas de tener publicada la «gran reforma del mercado laboral» en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre de este año.
Los trabajos de la mesa de diálogo social sobre reforma laboral se han intensificado en las últimas semanas, pues las partes celebran al menos dos reuniones por semana (la semana pasada se citaron tres veces).
«Estamos culminando las tareas y el Gobierno está trabajando para alcanzar un acuerdo entre todas las partes», subrayó la vicepresidenta.
La propuesta realizada por la CEOE la semana pasada se ha incorporado como un elemento más de la negociación, aunque de entrada los sindicatos consideran que algunas de las medidas que plantea son «inasumibles».
Para la vicepresidenta Díaz, el hecho de que la patronal haya hecho una propuesta en la mesa supone que «están por el sí». El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó el pasado jueves que la CEOE está teniendo una posición «constructiva» en esta negociación y que habrá cosas de su propuesta «que sí, otras que no, y otras que habrá que reajustar».
Lo cierto es que la organización empresarial ha expresado ya su rechazo a la limitación del número de trabajadores temporales en relación con la totalidad de la plantilla, como defiende el Gobierno. En su lugar, la CEOE aboga por mantener la legislación actual y la causalidad tradicional, entre otras medidas.
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