Marea Verde
El gobierno de la Comunidad de Madrid tiene en marcha un proyecto de ley que prevé la reforma del sistema universitario de la región. Se llama Ley del Espacio de Educación Superior de la Comunidad de Madrid (LEMES) y fue lanzado a mediados del pasado año. Los profesionales del sector, tanto profesores como estudiantes, (Marea Verde) se han unido para rechazar de pleno la reforma.
El sendero educativo tomado por los distintos gobiernos del PP en la Comunidad ha ido encaminado hacia la reducción del número de profesores y profesoras, hacia el recorte de sus derechos laborales, a que cada vez existan menos recursos materiales al tiempo que se ha encarecido y limitado la financiación.
Una treintena de organizaciones educativas, estudiantiles, culturales y plataformas de profesorado, con el respaldo de diferentes partidos políticos, así como más de cuatrocientos profesores, estudiantes y personal de servicios, considera que la propuesta de Cifuentes mantiene la línea anterior.
“Esta reforma, que anula al estudiantado y los convierte en espectadores de una institución creada para su formación, olvida al personal de administración y servicios y no aborda los verdaderos problemas de una Universidad necesitada de reformas pero, sobre todo, de un compromiso político que la devuelva a las ratios de financiación previas a la crisis económica y que garanticen las funciones constitucionales que le fueron conferidas”.
Las entidades y colectivos del sector denuncian no haber sido escuchados por la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Por eso han sacado adelante un manifiesto contra la reforma universitaria y han avisado que habrá un nuevo ciclo de movilizaciones para parar “el atentado político que supone el intento de privatización y devaluación de la universidad pública madrileña que representa la reforma universitaria de Cristina Cifuentes”.
Según la Marea Verde, Cifuentes presenta un texto que fuerza hasta el extremo la autonomía universitaria, arrogándose la capacidad de controlar hasta el nombre de las facultades, convirtiendo la financiación pública a la que la obliga la ley en una palanca para condicionar que puede o no ser estudiado en las Universidades, así como el tipo de profesionales y las condiciones en las que se encontrarán sus docentes e investigadores.
Ante esta situación están recogiendo firmas a través de la siguiente página web.
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