“En la Comunidad de Madrid sufrimos cada día las consecuencias de los recortes, el desmantelamiento y las privatizaciones llevadas a cabo por el gobierno regional, un debilitamiento intencionado de nuestra Sanidad Pública, por parte del Partido Popular”. Así lo critica la ADSPM, que advierte de la “infrafinanciación” de centros de gestión pública, del aumento de conciertos con empresas privadas “que parasitan el sistema”, unas listas de espera “manipuladas y desesperantes”, centros de salud “inaccesibles y colapsados”, hospitales “infrautilizados” y profesionales “agotados”.
Todo esto, afirma la asociación, “incrementa de manera inaceptable la desigualdad y empuja a la población hacia seguros privados o pagos directos por atención médica”.
Bajo el lema ‘Salvar la Sanidad Pública Madrileña’, la movilización quiere defender una sanidad “que garantice derechos y no beneficios privados”. En este sentido, los impulsores de la misma ponen sobre la mesa algo más de una docena de reclamaciones “imprescindibles” para revertir la actual situación.
De esta manera, para “fortalecer y mejorar” el sistema público exigen “asegurar la universalidad, sostenibilidad y financiación adecuada” y “frenar la privatización y recuperar lo privatizado”.
“Reforzar la Atención Primaria”, haciendo de este nivel asistencial un “eje vertebrador del sistema”, es otra de sus demandas. Respecto a esto, proponen que todos los centros de salud cuenten con plantillas “completas y bien dimensionadas”, “reduciendo inequidades entre barrios y códigos postales”. Sin olvidar, incrementar la financiación “al menos alcanzando el 25% del presupuesto, excluyendo el gasto en farmacia”.
“Garantizar condiciones laborales atractivas que retengan y atraigan talento, con prevención de riesgos, estabilidad en el empleo, salarios dignos y jornadas que protejan su salud y conciliación, fidelizando al personal”, es otra de sus peticiones, junto la limitación del “poder” de laboratorios farmacéuticos e industria tecnológica.
A esto se une que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la eutanasia en los centros públicos de la región, entre otras cuestiones.
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