El Ayuntamiento de Madrid aún no tiene datos para medir el impacto de la burbuja del alquiler en la vulnerabilidad social y económica de sus vecinos pero solo en lo que llevamos de año casi 2.500 personas han solicitado acceder a una vivienda social en la capital y hasta finales de 2017 se habían recibido 21.958 solicitudes.
Fuentes del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del consistorio explican a ELBOLETÍN que la casuística de los que no pueden permitirse un techo es muy variada y no necesariamente todos solicitan un alquiler social. Pero reconocen que aumento de peticiones es preocupante en un momento en el que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ya ha entregado todas sus viviendas disponibles.
“Nos hemos quedado sin vivienda”, lamenta el área, que asume no poder hacer más para revertir la venta de más de 1.800 pisos de la EMVS a fondos buitre en 2013, después de la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid haya rechazado revisar aquella operación bajo el mando de Ana Botella.
El nuevo equipo de gobierno reconoce el problema porque aunque tiene previsto dedicar cien millones de euros a la construcción de nuevas viviendas públicas, la lista de solicitantes no para de crecer y la emergencia habitacional desborda sus posibilidades. “La competencia en materia de vivienda es de la Comunidad”, recuerdan las mismas fuentes.
El equipo que lidera Manuela Carmena también ha comprado 22 viviendas a particulares para ofrecerlas como alternativas públicas a los que sufren emergencia habitacional. Pero sus trabajadores confirman que cada vez hay más obstáculos para que el Ayuntamiento consiga viviendas: los requisitos municipales para que un inmueble pueda ser público sumados a la falta de oferta en determinados rangos de precios por los tirones del mercado de la vivienda dibujan un panorama desolador.
Más allá de esa lista de espera para lograr un piso público, trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento llevan tiempo notando cómo la precariedad laboral y de ingresos, añadida a las subidas de los precios del alquiler, expulsan a vecinos que, a pesar de contar con un trabajo, no pueden acceder al mercado de la vivienda ni comprando ni alquilando.
“Aumenta el número de personas que no pueden pagar un alquiler o las condiciones que les piden los propietarios, como los avales, a pesar de estar trabajando”, explica Equidad.
*Rectificación: Inicialmente se había informado de que 24.000 personas habían entrado en esa lista en 2018, lo cual es erróneo. Ese dato es el total de inscritos a fecha de hoy.
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