La ‘Libertad’ educativa en Madrid: suelo público gratis para colegios privados y sin opción de enseñanza pública

“La presidenta de la Comunidad de Madrid resucita al Frankenstein de la cesión de suelo público para montar centros privados concertados. Se vuelve a las políticas más rancias de este último siglo”. Así lo critica la citada asociación de padres y madres, que representa a casi un millar de AMPAS de la región, que lamenta este nuevo ‘guiño’ de Ayuso a empresas privadas.

Tal y como recuerda, la Comunidad Educativa “lleva reivindicando durante años la construcción de centros educativos públicos en esas zonas”. No obstante, el Gobierno autonómico “nunca” ha atendido la demanda de las familias y ahora “nos encontramos con la cesión de parcelas en Valdebebas y Villa de Vallecas para la construcción de centros privados concertados a coste cero”.

“Es incomprensible que en zonas de nueva expansión residencial la única opción educativa sea la educación privada concertada, quebrando de forma flagrante la tan abanderada libertad de elección educativa, que, en este caso, como en el resto, no existe. Las familias no tienen opción de escoger la enseñanza pública para sus hijos e hijas”, destaca.

Estas cesiones de terreno, remarca la Giner de los Ríos, “pueden perdurar en el tiempo hasta casi ocho décadas si se prorrogan, un negocio en toda regla y un despropósito donde la prioridad es hacer dinero”.

Según insiste, “es incomprensible que se pueda permitir esta práctica”. “El suelo público no se puede regalar a una empresa privada, es un bien común de la ciudadanía y nos encontramos ante el expolio de lo que es de todos y de todas”.

“No queremos guetos, no queremos segregación, no queremos elitismos. Estas políticas nos encaminan al desastre, al individualismo”, lamenta la asociación, para quien “se ha pervertido la finalidad del concierto educativo llegando al punto de denominar un centro que aún no existe como ya concertado”.

Para la FAPA Francisco Giner de los Ríos los sistemas públicos de Sanidad y Educación “son bienes de interés general y pilares de la sociedad del bienestar y, por lo tanto, no se deben vender al mejor postor, se deben defender”.

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