Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
La Justicia vuelve a señalar al entorno de Cristina Cifuentes por la adjudicación de un contrato de cafetería al Grupo Cantoblanco en 2009. A finales de marzo, la Guardia Civil apuntó en varios informes directamente a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid por poder haber cometido dos posibles delitos en este caso. Con la llegada del verano y las explicaciones de la líder popular, el impacto perdió fuerza. Sin embargo, los últimos acontecimientos vuelven a amenazar la tranquilidad de la dirigente madrileña.
Según ha publicado La Vanguardia, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reactivado la investigación sobre el polémico contrato que salpica a Cifuentes. Es más, las actuaciones judiciales ya han empezado. El medio ha tenido acceso a una providencia fechada de este miércoles donde se cita a declarar en calidad de investigada para el próximo 18 de octubre a Tatiana Sonsoles Recoder. Un nombre aparentemente desconocido; nada más lejos de la realidad: era la responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid cuando se adjudicó el contrato al Grupo Cantoblanco.
La Audiencia Nacional ha llamado a la antigua responsable “por su participación en el proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid del año 2009”. Una comparecencia judicial de la que Cifuentes debería estar muy pendiente, según La Vanguardia: “Tras la declaración de Recoder, y posiblemente la de otros responsables en la adjudicación, el juez decidirá si hay indicios suficientes para citar a Cifuentes en calidad de investigada, lo que muy probablemente le haría dimitir de su cargo”.
Las pesquisas policiales respecto a este contrato sentencian que hubo una clara intención de beneficiar en todo momento al Grupo Cantoblanco. De hecho, la Guardia Civil sostiene que hay indicios que evidencian que este servicio en el Parlamento madrileño “pudo ser decidido de antemano”. No obstante, queda una pieza del puzle: el papel de Arturo Fernández, dueño del grupo empresarial señalado.
Las investigaciones relacionan que estas adjudicaciones que salpican a Cifuentes pueden tener un retorno en forma de donativos del empresario a la Fundación Fudescam. Según la Guardia Civil, estas aportaciones fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales del Partido Popular, al que pertenecía la actual presidenta madrileña. Mientras, la líder del PP de Madrid presidía las mesas de las licitaciones de estos contratos que cayeron en manos del Grupo Cantoblanco.
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