La venta de las cerca de 3.000 viviendas públicas del IVIMA a un fondo buitre en el año 2013, con Ignacio González al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue ilegal. Así lo determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Dicho periódico informa que la justicia madrileña confirma que la operación queda “sanción de invalidez” por incumplir la ley y mantiene la puerta abierta a la anulación por este motivo.
La Comunidad de Madrid recibió 201 millones de euros a cambio de vender 2.985 viviendas públicas al fondo de inversión Godman Sachs Azora.
“Ahora, un estamento jurídico superior avala esta anulación con el argumento de que el IVIMA no pudo acreditar que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para su fin: dotar de techo a las personas vulnerables que lo necesitan”, explica eldiario.es.
La sentencia del TSJM insiste en que la operación de venta se realizó a sabiendas de que “quienes ocupan estas viviendas lo hacen porque tienen una necesidad reconocida por la propia administración al carecer de recursos para acceder a una vivienda a precio de mercado, o por estar, incluso, en declarado riesgo de exclusión social”, según recoge el periódico dirigido por Ignacio Escolar.
Al no ser firme, la sentencia judicial podrá ser recurrida en el propio tribunal y en el Supremo.
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