Este fallo está ligado al caso que afecta a la japonesa JGC Corporation y la empresa podría iniciar procedimientos para la recuperación del dinero pendiente de pago a través del embargo de activos comerciales de España en territorio estadounidense, según indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
En concreto, el caso se originó tras una serie de cambios regulatorios en el sector energético español que, según el laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), violaron las condiciones de seguridad jurídica a las que se sujetó España al firmar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
Esta decisión otorgó a JGC el derecho a percibir una compensación de 23,51 millones de euros, además de los intereses de demora derivados de cualquier retraso en el pago y el reembolso de los costos legales del proceso. El arbitraje, que giró en torno a dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía, arrancó en 2015 y llegó a su fin en 2021, recoge la citada agencia.
En su sentencia, la Corte de Distrito de Estados Unidos rechaza los argumentos de España, que alegaban la falta de jurisdicción del tribunal arbitral y la incompatibilidad del laudo con la legislación de la Unión Europea.
Según señalaron las mismas fuentes jurídicas, la magistratura estadounidense ha entendido que el laudo debe ser reconocido y ejecutado de la misma manera que una sentencia emitida por la justicia del país norteamericano, “conforme dicta la legislación en vigor y los compromisos internacionales asumidos por los países firmantes del convenio Ciadi, que se comprometen a reconocer y registrar los laudos para garantizar su pago y evitar incumplimientos”.
En este sentido, la decisión dictada por el juez Rudolph Contreras avanza en la línea que marcó la Corte de Distrito este mismo verano, cuando emitió un fallo en el que tumbaba la pretensión de España de detener este tipo de denuncias alegando que la justicia estadounidense debería quedarse al margen de estas cuestiones.
Las mismas fuentes jurídicas, incide esta agencia, estimaron que el fallo del caso JGC refuerza la capacidad de los inversores afectados para hacer valer sus derechos en suelo estadounidense y se abre la puerta a nuevos procedimientos de embargo similares a los que ya afectan a España en Bélgica y Reino Unido.
El proceso de identificación de activos embargables ha aflorado bienes por valor de más de 5.000 millones de euros. Asimismo, la Corte Suprema de Australia también ha fallado contra el Reino de España y, aunque de momento no se han puesto en marcha procedimientos de incautación de bienes en el país oceánico debido a que las empresas afectadas han priorizado otras actuaciones, esta puerta también está abierta.
Además del caso que afecta a JGC, hay otros 25 laudos que condenan a España y siguen pendientes de pago. En total, las obligaciones ascienden a 1.562 millones en concepto de indemnizaciones, amén de otros 321 millones de sobrecostes derivados de los intereses de demora y las condenas en costas.
Los afectados reclaman al Gobierno de España “una salida negociada que acabe con los incumplimientos, permita reactivar la inversión ‘verde’ en España y ponga fin al bochorno internacional provocado por los embargos”, destacaron las mismas fuentes.
No obstante, la pasada semana se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales levantaba el embargo que había impuesto el pasado mes de agosto sobre el derecho de usufructo de Aena sobre el aeropuerto Luton, en Londres, tras las reclamaciones de NextEra Energy como vía para afianzar el pago de 290 millones de euros de indemnización que el Ciadi le reconoció por el recorte de las primas de las energías renovables.
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