Concentración de víctimas del accidente del metro de Valencia
La Justicia valenciana ha decidido dar carpetazo al accidente de la Línea 1 del metro de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha archivado la investigación al descartar que existan responsables penales. De esta manera, la jueza ha rechazado la petición de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, que representa a 13 de las 90 víctimas.
La magistrada ha sentenciado, en un auto de más de 200 folios, ha desestimado atribuir responsables penales porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones se encontraban en estado apropiado para mantener las condiciones de seguridad a 40 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren circulaba al doble de velocidad.
En su escrito, la Justicia valenciano, a su vez, ha rechazado tomar declaración, tal y como las familias reclamaban, a la exdirectora de FGV y a los cuatro técnicos investigados. Y es que la jueza ha apuntado que ni a ellos ni a los a los tres trabajadores señalados que sí han declarado se les puede exigir responsabilidades penales por 43 delitos de homicidio y 47 de lesiones por imprudencia profesional.
Una decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras aseverar que no existe ninguna norma que obligaba a la colocación de una baliza que protegiese al tren ante un exceso de velocidad en la curva donde descarriló. La instructora, según ha recogido La República, se ha remitido a los informes periciales para subrayar que en 2006, la inexistencia de balizas ante las curvas era una pauta de actuación común en otras administraciones ferroviarias que hasta entonces se había mostrado segura.
Este varapalo a los familiares de las víctimas llega después de que la Audiencia Provincial respaldara a la magistrada y rechazara la petición de la Fiscalía para que los peritos de la Inspección de Trabajo y de Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ampliaran los informes. Es la segunda vez que se archiva la causa; la primera fue en diciembre de 2007 a petición del Ministerio Fiscal, aunque en 2014 la Audiencia, en este caso la Sección Segunda, ordenó la reapertura tras escuchar al fiscal.
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