Isabel Celaá, ministra de Educación
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado este pasado martes por el Ministerio de Educación contra el ‘pin parental’ implantado en Murcia, después de que su Gobierno regional desatendiera un requerimiento donde se solicitaba la retirada de esta medida que permite que los padres impidan la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en los centros educativos.
Según ha informado el TSJM y recoge Europa Press, en otra pieza separada se resolverá la suspensión cautelar del ‘pin parental’ que solicita el Ministerio, y ha dado “traslado a la administración autonómica recurrida para que en un plazo de diez días exponga lo que estime procedente sobre la medida cautelar interesada”.
El recurso, presentado por este martes por la Abogacía del Estado, se produjo un día después de finalizar el plazo del requerimiento que el Ministerio dirigido por Isabel Celaá remitió el pasado 17 de enero a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, instando a retirar de las instrucciones de inicio de curso el veto parental a actividades escolares complementarias.
En concreto, el recurso del Gobierno impugna dos instrucciones a centros docentes de la Consejería de Educación y Cultura de 29 de agosto de 2019. En ellas, se establecía se diera “conocimiento a las familias” de “las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular” y son impartidas por personal ajeno al centro educativo, “con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades”.
El Gobierno de Murcia ha reiterado en los últimos días que sólo retirará el ‘pin parental’ si así lo determinan las instancias judiciales. “Vamos a acatar la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia”, aseguraba este martes la consejera de Educación y Cultura de Murcia, Esperanza Moreno, defendiendo además que el ‘pin parental’ implantado en la región está avalado “tanto por informes jurídicos como de la inspección de educación”.
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