Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
Así consta en un decreto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda la admisión a trámite de la impugnación dirigida contra una resolución de la Consejería de Educación Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, lo que implica una apertura de diligencias. Así, la Sala requiere a la Consejería en el plazo improrrogable de veinte días del expediente administrativo.
El recurso contencioso-administrativo lo presentaron dos diputados autonómicos que son miembros del ICAM. Los socialistas ya habían interpuesto un recurso de reposición contra este centro ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.
Consideraban entonces que se había vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales tras habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales C en los nuevos estatutos aprobados el pasado julio, cuando estos solo pueden “impartir formación de posgrado, no grados universitarios”.
ICAM Universidad nacía el 14 de noviembre con la publicación de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se convertía en el primer centro universitario en España impulsado por un colegio profesional.
Además, los socialistas destacaban la “cuanto menos sospechosa coincidencia temporal” de la aprobación final de este centro con “el papel del ICAM como acusación particular” en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este acabó sentenciado e inhabilitado.
Además de este paso dado por el PSOE, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) anunció en diciembre que presentará un recurso contra la creación de este centro, advirtiendo de que es “un error dar ese paso”.
Por su parte, el ICAM afirmaba en un comunicado en diciembre que este proyecto universitario del Colegio es anterior en el tiempo al caso de la denuncia del Fiscal General de Estado, a la denuncia por revelación de secretos y al juicio ante el Tribunal Supremo –datando su inicio en 2022–, según la citada agencia.
Asimismo, recalcaba que la autorización de la adscripción se ha producido tras una tramitación prolongada (2023-2025), con “sucesivos informes de órganos académicos, técnicos y de calidad, siguiendo estrictamente el procedimiento legalmente previsto y aún pendiente de la futura autorización de inicio de actividades y de nuevas evaluaciones externas”.
“El ICAM rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de ‘pago de servicios’ en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario”, remataba.
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