Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo
La magistrada del ‘caso Erial’, María Isabel Rodríguez, ha rechazado en un auto una oferta de colaboración del expresidente valenciano Eduardo Zaplana. Según la titular del juzgado número 8 de Valencia, “no es necesaria para la investigación” la ayuda del exministro, quien se ha mostrado dispuesto a autorizar a cualquier investigador para obtener información sobre cuentas, bienes o sociedades en el extranjero. La jueza asegura que el riesgo de que se fugue a pesar de su cáncer sigue existiendo.
“Hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales”, señala en un auto, según la SER, en el que apunta que Zaplana “quiere dar la imagen” de colaboración, cuando “él mismo es sabedor de la presunta utilización que ha hecho de personas y sociedades interpuestas para llevar a cabo los delitos que se le imputan”. Es más, niega que exista tal colaboración por su parte “pues él es sabedor de la verdad y sigue ocultándolo”.
Asimismo, la magistrada asegura que además de la destrucción de pruebas, el expresidente de la Generalitat continúa en la cárcel por el “riesgo evidente de fuga ante el anuncio de penas elevadas”.
El ofrecimiento por parte del exministro fue presentado el pasado mes de octubre, aunque no se ha conocido hasta ahora. En él Zaplana se ofrece, tal y como recoge la SER, a firmar “cuantos documentos sean necesarios” para autorizar “a quien designe el juzgado” a la información contenida en “cualesquiera entidades financieras, agencias o sociedades de valores, agencias inmobiliarias, registros públicos o privados, despachos de abogados, gestorías o cualquier oficina”. Así, los investigadores podrían acceder “en cuestión de días” a los datos para confirmar o descartar las sospechas, alega la defensa del que fuera presidente valenciano.
En este escrito Zaplana también explica que no tiene patrimonio en el extranjero, pero muestra su “voluntad de colaborar con los investigadores para que verifiquen in situ” las sospechas y agilizar los trámites “habida cuenta que el secreto de las actuaciones y la privación de libertad puede prolongarse en el tiempo excesivamente”. Una oferta que ha rechazado la jueza.
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