La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, interviene en Les Corts | Foto de la Generalitat Valenciana
La investigación judicial por la DANA se intensifica con nuevas diligencias solicitadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, al frente del caso, ha emitido varios autos en los que da curso a solicitudes clave planteadas por el sindicato Fetap-CGT, una de las acusaciones populares en la causa. Las medidas buscan esclarecer las decisiones políticas y operativas que se tomaron durante la jornada crítica del 29 de octubre, cuando las lluvias torrenciales causaron graves daños en la Comunitat Valenciana.
La jueza pide detalles sobre las rondas de seguimiento y la coordinación institucional durante la jornada de lluvias torrenciales
Uno de los avances más relevantes en la instrucción es la citación como testigo de la jefa de gabinete de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior y una de las dos personas imputadas en la causa. Su declaración puede ser clave para entender la cadena de decisiones en el entorno directo del gobierno valenciano durante la emergencia.
La jueza ha exigido al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat un informe exhaustivo sobre los avisos que se enviaron a los ayuntamientos en situación de riesgo el 29 de octubre. El objetivo es determinar si existió una comunicación eficaz y a tiempo para activar medidas de protección en los municipios afectados.
El juzgado analiza la actuación de los bomberos forestales y el uso de medios aéreos en los rescates del 29-O
Además, el juzgado solicita datos sobre las rondas de seguimiento que se realizaron ese día entre organismos colaboradores, para conocer qué información se manejaba sobre la evolución de las lluvias y los niveles de los cauces de ríos.
Otro punto clave en las diligencias es el requerimiento a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, a la que se le ha solicitado información sobre los rescates realizados con helicópteros por los bomberos forestales de la Generalitat el 29 de octubre.
Igualmente, la instructora exige un análisis del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, para comprobar su grado de aplicación y efectividad durante la emergencia.
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