Carlos Mazón asistió al funeral de Estado en memoria de las víctimas de la Dana.
La investigación sobre la gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024 da un nuevo paso con la decisión de la jueza de Catarroja de incorporar al procedimiento el listado de llamadas realizadas ese día por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
El nuevo material probatorio permitirá contrastar los tiempos de actuación de Presidencia y de la conselleria de Interior en las horas críticas de la catástrofe.
La jueza subraya que el listado de llamadas remitido a Les Corts forma parte de un expediente oficial de Presidencia, por lo que puede incorporarse sin restricciones a la causa penal abierta por las víctimas y el PSPV-PSOE como acusación popular.
El análisis se centrará en las comunicaciones mantenidas entre Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que figura como investigada, y en cómo se coordinó el envío del mensaje de alerta a la población (ES-Alert).
La magistrada considera “pertinente” estudiar si las llamadas coinciden con los momentos de decisión en el Cecopi y si existieron órdenes o instrucciones directas del president durante la emergencia
La causa busca así determinar si la cadena de mando funcionó correctamente o si la Presidencia autonómica tuvo conocimiento de la gravedad de la situación antes de la activación de los protocolos de alerta.
| Hora aproximada | Comunicación registrada | Contexto |
|---|---|---|
| 17:37 h | Primera llamada a la consellera Pradas | Inicio de la jornada de emergencias en el Cecopi |
| 18:00-20:00 h | Llamadas con miembros de Presidencia | Evaluación de daños y coordinación |
| 21:15 h | Contacto con servicios de Interior | Valoración del ES-Alert y su retraso |
| 23:29 h | Última llamada registrada del día | Cierre del operativo y recuento provisional |
(Tabla elaborada con datos aportados a Les Corts por Presidencia de la Generalitat)
El auto cita expresamente que el presidente “ostenta la condición de máxima autoridad del Consell” y puede impartir instrucciones a los miembros del Gobierno valenciano. Este recordatorio refuerza la tesis de que la responsabilidad no solo recae en los niveles técnicos, sino también en la dirección política.
En paralelo, la jueza mantiene la citación de Maribel Vilaplana, periodista que comió con Mazón el día de la Dana, para precisar la secuencia horaria de los hechos. La declaración se considera esencial para cuadrar los tiempos de comunicación del presidente antes y después del almuerzo.
El caso busca establecer si hubo negligencia institucional o descoordinación en la respuesta autonómica ante un fenómeno meteorológico extremo anunciado con antelación
El PSPV-PSOE, como acusación popular, sostiene que el registro telefónico puede demostrar que Presidencia disponía de información suficiente para actuar antes del colapso de las comunicaciones en varios municipios.
La jueza ha solicitado también al Consorcio de Bomberos y a la Agencia Estatal de Meteorología sus registros del 28 y 29 de octubre, con el objetivo de reconstruir minuto a minuto la gestión de la crisis. En función de esos informes, se decidirá si se amplían las imputaciones o si se cita a nuevos testigos del ámbito político y técnico.
La incorporación del listado de llamadas marca un punto de inflexión en una instrucción que, a juicio de fuentes jurídicas, se aproxima a su fase final. El procedimiento determinará si la Generalitat actuó con la diligencia debida y si las omisiones pudieron agravar las consecuencias de una de las tragedias más graves registradas en la Comunitat Valenciana.
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