Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ya ha tomado sus primeras decisiones sobre los acusados por sedición. La juez Carmen Lamela ha rechazado la petición de la Fiscalía de prisión provisional eludible bajo fianza de 40.000 euros para la intendente de los Mossos, Teresa Laplana. Al terminar su declaración, la magistrado ha decretado libertad sin fianza alguna, aunque sí ha fijado una serie de medidas cautelares.
Laplana ha sido la primera en declarar y a la primera a la que la Fiscalía ha reclamado prisión por su actuación en el operativo de seguridad en la Consejería de Economía del pasado 20 de septiembre, que fue bloqueada por miles de personas cuando se realizaron actuaciones policiales. De esta manera, la juez Lamela ha dejado en libertad a la intendente de los Mossos, pero le ha prohibido abandonar el territorio nacional y está obligada a comparecer periódicamente en los juzgados más cercanos.
Después de la comparecencia de la intendente, el turno está recayendo sobre le mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Al finalizar las declaraciones del responsable de este cuerpo policial, declararán en la Audiencia Nacional los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Tanto Laplana como estos tres imputados, ya fueron interrogados el pasado 6 de octubre. En aquel momento, la juez Lamela optó por dejarlos en libertad sin medidas cautelares hasta examinar un atestado de la Guardia Civil que había recibido esa misma mañana.
Sin embargo, este lunes ya se ha colocado al informe de la Guardia Civil como uno de los protagonistas. En dicho atestado, se destaca la “flagrante inacción” de los Mossos a la hora de clausurar los colegios e incautar las urnas el pasado 1-O. De hecho, el escrito designa a Trapero un “papel ejecutor” en la hoja de ruta independentista. “Está totalmente involucrado en el proceso separatista”, denuncian desde la Guardia Civil, en referencia al mayor de los Mossos.
La Fiscalía, como ha recogido Europa Press, estudiará qué medidas cautelares solicita al finalizar los interrogatorios. Desde la retirada del pasaporte a las comparecencias periódicas en el juzgado y hasta la prisión provisional, medida que se plantea atendiendo a la gravedad de la pena reclamada por el delito de sedición, de hasta 15 años de cárcel si quien lo comete es autoridad, y entre 8 y 10 años de prisión en caso contrario.
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