Javier López Madrid, consejero de OHL, en el Congreso.
En un auto firmado el miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Belén Sánchez ha dictado la apertura de juicio oral contra los dos acusados y les ha requerido que aporten, en el plazo de un día y de forma conjunta y solidaria, una fianza de 7.500 euros para «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles». Al hilo, la magistrada ha advertido que, de no abonar el importe mencionado, «se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».
El juicio tendrá lugar después de que Pinto denunciara a López Madrid por acoso y posteriormente ampliara su querella con el delito de agresión por el apuñalamiento que dice haber sufrido en abril de 2014, cuando bajaba de su vehículo acompañada de uno de sus hijos, de 10 años. Tres años después, en 2017, la doctora reconoció a Villarejo como autor de aquella agresión, que habría realizado por encargo del empresario, según la conclusión de la juez.
López Madrid y Villarejo se sentarán en el banquillo una vez que la Fiscalía concluyó que en este caso «existen indicios» que acreditarían que el empresario «se habría concertado» con el comisario para «hostigar» a la doctora Pinto e «impedir» que le denunciase.
El Ministerio Público incidió en que cuando la mujer interpuso denuncia por un supuesto acoso los investigados pusieron «todos los resorte policiales necesarios para desacreditar a la denunciante».
La Fiscalía insistió en que –tras los resultados de la investigación– «se ha venido corroborando que la actividad delictiva desarrollada por José Manuel Villarejo, guiada por la satisfacción inmediata y sin escrúpulos de un afán personal de lucro, no puede ser considerada como ocasional o puramente individual».
Así las cosas, López Madrid y Villarejo se enfrentan a una petición de prisión por parte de la Fiscalía de 13 años y dos meses de prisión para cada uno por un presunto delito continuado de coacciones, un delito continuado de amenazas, un delito contra la Administración de Justicia y dos delitos de lesiones.
El Ministerio Público, además, ha solicitado una indemnización de 6.000 euros para Pinto por daños morales, más 1.150 euros por las lesiones. Además, ha reclamado que se prohiba a los acusados acercarse a Pinto, al lugar de trabajo o a todos los lugares que frecuente la doctora durante 9 años y 10 meses.
Según consta en el auto, la acusación particular ha pedido 22 años de prisión para López Madrid y Villarejo por presuntos delitos contra la Administración de Justicia, de amenazas, de lesiones, de homicidio en grado de tentativa y de cohecho. Para el comisario jubilado ha reclamado, además, nueve años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Por su parte, la acción popular que ejerce la asociación Clara Campoamor ha solicitado para ambos una pena de 17 años de prisión por cohecho, lesiones y delito contra la Administración de Justicia.
Al margen de este procedimiento, existe otro en la Audiencia Nacional. El pasado febrero, la Sala de lo Penal respaldó la decisión del juez instructor de procesar a López Madrid por un presunto delito de cohecho activo por el encargo que habría hecho a Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto.
Esta pieza separada hunde sus raíces en un conflicto personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas en los juzgados de instrucción de Madrid.
Por otro lado, se abrió procedimiento en el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid por presuntos delitos contra la integridad moral y de amenazas sufridos por el empresario, que ha instado a abrir juicio contra Pinto por las cientos de llamadas que entre 2013 y 2014 habrían recibido él y su entorno. La doctora, en cambio, ha pedido el archivo.
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