Comunidad de Madrid

La jornada partida de Ayuso, ante los tribunales por “vulnerar la autonomía” de los centros

El recurso de CCOO argumenta que la norma, aprobada el pasado diciembre “sin consenso” y en plenas vacaciones de Navidad, “vulnera la autonomía de los centros educativos y carece de la fundamentación técnica exigible”.

Según el sindicato, el decreto introduce un cambio de modelo sin aportar informes que justifiquen su necesidad educativa. «No se han presentado estudios concluyentes, no se ha evaluado el impacto real y se utiliza de forma interesada el ‘interés superior del menor’ sin evidencias que lo respalden”, afirma la secretaria general de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO, Aída San Millán.

Comisiones critica que se adoptó sin “negociación real” en la Mesa Sectorial ni consulta efectiva al Consejo Escolar, lo que San Millán considera “una decisión política previamente tomada” que ignora a la comunidad educativa.

Aspectos claves

El recurso cuestiona varios aspectos clave de la normativa. Entre ellos, que “establece la jornada partida como norma general, limitando la capacidad de decisión de los centros que actualmente tienen jornada continua”.

A esto se une una “asimetría en el cambio”. Y es que “facilita el paso a jornada partida pero dificulta el retorno a continua, creando una situación ‘prácticamente irreversible’”. Asimismo, según CCOO, “los nuevos colegios nacen obligatoriamente con jornada partida, sin posibilidad de modificación futura” y “reemplaza el sistema de votación vinculante por una mera consulta, dejando la decisión final en manos de la Administración”.

Impacto laboral sin evaluar

El sindicato alerta sobre las consecuencias para el profesorado que “no han sido tenidas en cuenta” en cuestiones como la conciliación familiar, jornadas parciales, desplazamientos diarios y tiempos muertos entre sesiones. “Se altera sustancialmente la organización del trabajo docente sin justificar la necesidad del cambio”, subraya San Millán.

El recurso también advierte de la “inseguridad jurídica” que genera la norma al permitir cambios recurrentes de jornada que afectarían a la planificación educativa de centros y docentes.

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La jornada partida de Ayuso, ante los tribunales por “vulnerar la autonomía” de los centros

E.B.

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