El presidente de la Generalitat, Quim Torra
La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha declarado este viernes vacante el escaño del presidente de la Generalitat, Quim Torra, como diputado del Parlament, en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Electoral Central (JEC), que la semana pasada decidió inhabilitarlo como diputado de la Cámara por negarse a retirar una pancarta con un lazo amarillo del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral.
En una resolución, recogida por Europa Press, la JEP establece que debe «expedirse la credencial a favor de Don Ferran Mascarell i Canalda» para que asuma el escaño vacante en la Cámara catalana, ya que es el siguiente de la lista electoral de JxCat.
Traslada esta decisión al mismo Torra, al Parlament y a JxCat, PP, Cs y Vox, y añade que contra este acuerdo «no cabe la interposición de recurso».
Con esta resolución, la JEP ha rechazado el escrito que ha presentado Torra ante este organismo pidiéndole que suspenda la ejecución de su inhabilitación hasta que el Supremo «se pronuncie sobre el incidente de medidas cautelares».
La JEP hace referencia a la decisión del Tribunal Supremo de este mismo viernes de ratificar la resolución de la JEC que exige retirar el acta de diputado a Torra y rechaza el recurso presentado por el presidente ante este organismo porque «esta Junta carece de competencia para acordar la suspensión de un acuerdo de la JEC, y más cuando el Tribunal Supremo, órgano competente para haber acordado la suspensión, ya ha rechazado la misma pretensión».
RECHAZA SU INHABILITACIÓN
Tras la resolución del Supremo, Torra ya ha reiterado en una declaración institucional que rechaza su inhabilitación, y ha reivindicado que es «diputado del Parlament y presidente de Cataluña», ya que considera que la Cámara catalana es el único que puede decidir quién pierde la condición de diputado a través de los mecanismos previstos en su reglamento.
También ha comparecido el presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha sostenido que la JEC no es competente para inhabilitar como diputado al jefe del Ejecutivo, que continúa siendo «diputado de pleno derecho», porque no se cumplen los supuestos que prevé el Reglamento del Parlament para que deje de serlo.
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