El presidente de Gestha, Carlos Cruzado
El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha indicado este lunes que la investigación de los delitos fiscales por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) se ha desplomado un 76% en la última década, mientras que las cuotas defraudadas en los presuntos delitos denunciados cayeron un 85%.
Gestha, que ha propuesto modificar el delito fiscal en la nueva ley de lucha contra el fraude que tramita el Congreso, achaca este desplome a las normas internas de la AEAT, las cuales «impiden» terminar a los técnicos de Hacienda las investigaciones de los delitos fiscales que descubren y concentran la resolución de estos casos «en unos pocos jefes de equipos».
De igual modo, Gestha denuncia que la AEAT viene primando el número de comprobaciones sobre autónomos y pequeñas empresas, a los que dedica al 80% de los efectivos, en lugar de poner la lupa sobre las grandes fortunas y grupos empresariales.
Por ello, pide al Gobierno que les permitan investigar los fraudes más sofisticados y abultados, pues el fraude fiscal provoca unas pérdidas en España de unos 91.600 millones de euros anuales, al tiempo que denuncia que en España cada año se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, y que la economía española sumergida es un 65% mayor que la media europea.
Por otra parte, los técnicos de Hacienda informan de que la AEAT pierde el 42,8% de las reclamaciones económico-administrativas de los contribuyentes, lo que atribuyen a que se prioriza el número de comprobaciones sobre la calidad de la lucha contra el fraude.
En este sentido, concretan que solo un 7,3% de los actos de la AEAT fueron reclamados por los contribuyentes, principalmente porque algunas liquidaciones de importes menores o denegaciones de aplazamientos o recursos «se consienten y no son reclamados».
Por todo ello, Gestha pide al Gobierno que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluya tres medidas organizativas y operativas necesarias para reducir la economía sumergida. La primera sería la creación de un cuerpo superior técnico que permita aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda.
Las otras dos medidas para luchar contra el fraude pasarían por aumentar la plantilla de la AEAT a medio plazo entre 15.000 y 17.500 efectivos más hasta equipararse a la media de las administraciones tributarias europeas, y por encargar a expertos independientes que realicen estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España para promover que se reduzca el fraude que crece desde 1980.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha pedido a la ministra María Jesús Montero, que valore el trabajo «altamente especializado» que desarrollan los técnicos en el Ministerio de Hacienda. «Sobre todo en momentos como el actual, en los que el aumento del gasto público para hacer frente a la pandemia requiere un incremento de los ingresos para no desviar aún más el déficit público», subrayó en un comunicado.
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