Emilio Saracho y Pedro Larena
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha declarado compleja la causa que investiga la liquidación del Banco Popular, cuya instrucción queda así ampliada hasta el 3 de abril de 2019, tal y como había solicitado la Fiscalía.
En un auto que recoge la agencia Efe, el titular del juzgado central número 4 aclara que “son miles los perjudicados” y se han personado, en representación de muchos de ellos, hasta 58 procuradores. Asimismo el juez destaca el “considerable número de querellados”, 27 hasta ahora. En ese sentido, para llevar a cabo la instrucción será preciso llevar a cabo “pericias contables de gran envergadura, dada la entidad del Banco cuyas cuentas requieren examen”, y habrá que analizar y estudiar “una muy abundante documentación”.
En junio del año pasado la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones; esta operación, ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a instancias del Banco Central Europeo (BCE), ha dado a lugar a una avalancha de demandas de grandes y pequeños inversores, tanto en España como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, para tratar de recuperar su inversión.
A comienzos del pasado octubre, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
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