Oriol Junqueras y Carles Puigdemont
La inmunidad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reconocido a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont por su condición de eurodiputados electos no afecta al Tribunal de Cuentas, que les mantiene citados el 28 de enero para comunicarles su decisión sobre la posible reclamación del dinero público dedicado al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, una citación que podría incluir el embargo de sus bienes.
Tras la decisión del TJUE, tanto Esquerra como Junts han reclamado el fin de las actuaciones del Tribunal Supremo contra Junqueras y Puigdemont, pero esa inmunidad de la Eurocámara no tiene efectos en la jurisdicción civil en la que se mueve el Tribunal de Cuentas, donde hecho tampoco funcionan los aforamientos.
Según aseguran a Europa Press fuentes de la institución fiscalizadora, tanto Puigdemont como Junqueras, en su condición de presidente y vicepresidente de la Generalitat en 2017, siguen estando citados el próximo 28 de enero para escuchar la decisión del tribunal sobre la denuncia por los gastos del referéndum. Eso sí, no tienen obligación de acudir y pueden delegar en un representante.
TAMBIÉN TONI COMÍN, CLARA PONSATÍ Y EL SENADOR ROMEVA
Junto con ellos están citados los exconsellers Dolors Bassa; Meritxell Borràs; Toni Comín; Joaquim Forn; Carles Mundó; Clara Ponsatí; Jordi Turull; Raül Romeva; Josep Rull; Lluis Puig; Meritxell Serret y Santi Vila, así como Neus Munté; Antoni Molons; Joaquim Nin, y Amadeu Altafaj, entre otros cargos públicos, y a representantes de Sociedad Civil Catalana (SCC) –quien presentó una denuncia ante esta institución–, la Fiscalía y la Abogacía de Estado. Al ser tantos los citados, es posible que los trámites se prolonguen hasta el día siguiente.
En esa comunicación, el Tribunal de Cuentas pondrá cifra al dinero que considera desviado para el referéndum ilegal, lo que se conoce como el acta de liquidación provisional, y señalará a quién corresponde devolver ese dinero al erario público.
Una vez recibida la resolución, los citados disponen de diez días hábiles para presentar alegaciones y aportar documentos o los elementos que consideren que deben tenerse en cuenta, y también pueden interponer un recurso en un plazo de cinco días que no tiene carácter suspensivo.
A partir de ahí el Tribunal de Cuentas, requerirá a los citados que paguen o avalen ese dinero y, en caso de no hacerlo, se procedería al embargo de sus bienes para asegurar que harán frente a su responsabilidad civil.
PUEDEN SUMAR MÁS DE 2,3 MILLONES DE EUROS
En sus escritos, de los últimos meses, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no fijó una cantidad concreta de gastos a reclamar, aunque sí citó, entre otras, facturas relacionadas con los locales de votación (900.906.70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.661,96 en papeletas y 38.431,20 en cartelería.
Aquel trabajo de la Fiscalía sirvió de base también para la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, en la que se cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en el referéndum ilegal. Esa cantidad fue la base de la condena por malversación de fondos públicos impuesta a Junqueras y a otros tres exconsellers (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa).
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