José Manuel Villarejo, excomisario de policía
La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar próximamente al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, la imputación como persona jurídica del banco en el denominado caso Villarejo, según adelanta elindependiente.com, que explica que el Ministerio Público considera prácticamente “inevitable” dicha imputación puesto que» el segundo banco de España contrató los servicios del comisario vinculado a las cloacas del Estado José Manuel Villarejo durante más de una década». Y recuerda que de hecho la excúpula de la entidade ya está imputada por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en esta pieza separada de la operación Tándem.
Este digital cita fuentes fiscales para explicar que “aunque la reforma del Código Penal que permite perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas es del año 2010, y la guerra sucia del BBVA contra la constructora Sacyr por el intento de control del banco data del año 2004, la Audiencia Nacional tiene en su poder facturación al grupo empresarial del comisario Villarejo que data del año 2017”. Aclarando que “en ese caso los delitos no estarían prescritos y, además, permite acordar la imputación contra la entidad como persona jurídica puesto que siguieron contratando al agente encubierto en los años posteriores a que entrara en vigor la reforma del Código Penal”.
Elindependiente.com recuerda que las retribuciones millonarias de la entidad al policía acusado de graves delitos de corrupción se prolongaron al menos hasta el 1 de abril de 2017, meses antes de que este fuera detenido por orden de la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de ese mismo.
Los pagos que BBVA hizo a José Manuel Villarejo durante más de una década ascendieron hasta los once millones de euros. Las transferencias de dinero se hicieron principalmente a Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), la matriz del conglomerado empresarial controlado por el hoy preso preventivo.
En las últimas dos semanas, el juez García Castellón ha tomado declaración a varios ex directivos del banco entre los que destacan el ex consejero delegado Ángel Cano y su ex jefe de seguridad Julio Corrochano. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar a la espera de que el magistrado alce el secreto de sumario. Fuentes jurídicas consultadas explican que la intención de los investigadores es levantar dicho secreto previsiblemente después de verano y entonces brindar la oportunidad de volver a declarar a la decena de imputados en esta causa.
Por otro lado, el pasado mes de marzo la entidad pidió personarse como acusación en el citado procedimiento y todavía ni la Fiscalía Anticorrupción ni el instructor se han pronunciado sobre dicha solicitud a la espera de ver cómo avanzaban las pesquisas. Los investigadores vieron desde un primer momento difícil el encaje legal de que quien presuntamente contrató a José Manuel Villarejo con fines ilícitos pudiera figurar como perjudicado en la misma pieza separada.
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