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El canal de denuncias para empresas es una herramienta que tiene por objetivo detectar infracciones e irregularidades desde una etapa temprana, minimizando riesgos y aumentando la confianza entre los denunciantes.
La protección y seguridad no son temas que se puedan tomar a la ligera, menos en un contexto como el empresarial, en el que existe, inevitablemente, una jerarquía de poder que hace que los de abajo teman a los de arriba.
De este modo, es como se suceden casos de corrupción, fraude, o de vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores, y se llega a entender por qué nadie dijo nada y por qué nadie asumió la responsabilidad de lo ocurrido, es decir, el que cometió la infracción, el agravio.
Es por este tipo de casos que la transparencia es clave en el sector empresarial para garantizar el cumplimiento normativo y la integridad corporativa. Hoy en día, hay herramientas que permiten localizar cualquier tipo de irregularidad antes de que se conviertan en una sanción o, aún peor, en una crisis reputacional que destruya la imagen de la organización.
El canal de denuncias es una herramienta obligatoria desde el 1 de diciembre de 2023 para todas las empresas con 50 o más trabajadores que se recoge en la llamada Ley del canal de denuncias, es decir, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
No obstante, es mucho más que una obligación legal, el canal de denuncias tiene una gran repercusión para las corporaciones. Por ejemplo, si en una empresa los empleados temen hablar de malas prácticas por miedo a represalias, el resultado es un clima laboral tenso y lleno de desconfianza, que inevitablemente se traduce en una menor motivación, baja productividad y mayor tasa de absentismo.
Sin embargo, si los trabajadores y colaboradores cuentan con un canal de denuncias anónimo y seguro, que les ofrece la oportunidad de expresarse libremente sin temer las consecuencias. Ahora, es posible crear un ambiente de trabajo realmente saludable, que protege a la compañía y a sus trabajadores.
Cabe preguntarse qué es lo que se puede denunciar a través de esta herramienta. La respuesta es que los canales de denuncia van a permitir informar de cualquier acción u omisión que pueda constituir una infracción penal o administrativa grave o muy grave, o una infracción del Derecho de la Unión Europea.
La Directiva (UE) 2019/1937 y la Ley 2/2023 en España establecen que todas las empresas con 50 o más empleados se deben disponer de un canal de denuncias interno. El 13 de junio de 2023 finalizó el plazo para las empresas con más de 249 empleados, mientras que el 1 de diciembre de 2023 para las que tuvieran entre 50 y 249 trabajadores.
No obstante, esto no quiere decir que las empresas que tengan menos 49 empleados, o menos, no deben contar con esta herramienta, ya que existen otras normas que obligan a la implantación de estos canales, aunque no se llegue a los 50 trabajadores.
Es el caso de la Ley de Orgánica de Igualdad y el Real Decreto 901/2020, que establece que las empresas deben contar con mecanismos de comunicación o canales para informar sobre posibles situaciones de acoso.
Asimismo, la Ley 10/2010 de Prevención de Banqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo obliga a incorporar este canal a ciertas empresas, y la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, exige a las empresas y organizaciones del ámbito deportivo, del ocio o educativo a contar con mecanismo para que se puedan contar casos de violencia ejercida en menores.
Esto significa que miles de organizaciones en España ya debería haber incorporado el canal de denuncias a sus organizaciones. En caso de no haberlo implementado aún, se enfrentan a serias consecuencias, que incluyen sanciones de hasta 1 millón de euros para las personas jurídicas y hasta 300.000 euros para personas físicas.
Sin embargo, además del terrible impacto financiero, la falta de un canal que garantice un espacio seguro para las denuncias, conlleva irremediablemente la pérdida de credibilidad frente a clientes y colaboradores, así como un alto riesgo de inhabilitación para firmar contratos con el sector público.»
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