Esta reducción está en línea con los resultados que arroja la tabla general de la demanda por niveles formativos. Estos datos constatan que durante 2020 se produjo una bajada general en la demanda de candidatos con estudios superiores (ciclos formativos de grado superior, titulaciones universitarias y estudios de postgrado) mientras que se ha incrementado la demanda de candidatos con niveles formativos más bajos (ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio).
El Consejo de Ministros aprobó a principios de mes el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, dando paso así a su tramitación parlamentaria. “Impulsar la FP es la mejor manera de invertir en la modernización económica a la hora de reducir el desempleo juvenil”, señaló la ministra de Educación, Pilar Alegría. La nueva norma establece una oferta modular y flexible de Formación Profesional dirigida a estudiantes y trabajadores, (tanto empleados como desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E).
En España, solo el 12% de los jóvenes están matriculados en Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE y el 29% en la Unión Europea. Además, sólo el 25% de la población activa española dispone de cualificación intermedia y un 35% tiene cualificación baja.
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