Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid
La Fiscalía Anticorrupción expuso en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Lezo’, Manuel García Castellón, que resultaba “palmario” que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer Lourdes Cavero mantenían un nivel de vida “muy por encima” de sus recursos económicos legales.
El fiscal del caso defiende que los bienes del matrimonio intervenidos en la causa se adquirieron con dinero ilícito y ampara su solicitud, por un lado, en informes de la Agencia Tributaria -que ya apuntó que González y otros investigados en la trama pudieron beneficiarse de la compra presuntamente irregular de la empresa Emissao- y en las conversaciones intervenidas a lo largo de la causa.
De acuerdo con el escrito que obra en el sumario de la trama, del que informa Europa Press, el fiscal justificó su petición porque el principal acusado integra una “trama delictiva” en el seno de la empresa pública del Canal de Isabel II con el fin de “depredar fondos de la propia administración” y por tanto el decomiso de los vehículos aseguraría el pago de una futura responsabilidad civil.
El magistrado accedió a la petición del entonces del fiscal del caso Carlos Yáñez y autorizó a la Guardia Civil para el uso de la flota de vehículos integrada por un Smart y un BMW del presunto cabecilla de la trama y de su mujer.
Hizo lo propio con un coche de esta misma marca a nombre de su hermano Pablo González, y se incautó del vehículo Ford Mondeo del exdirector de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y de un Mazda de Patricia Rodríguez, hija de Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa y hombre fuerte de González en Sudamérica.
González y su mujer recurrieron la medida adoptada por el instructor del caso alegando que la intervención de los coches respondía exclusivamente a los efectos de registro pero la Fiscalía respondió que los investigados por el presunto saqueo de la empresa pública de aguas se apoderaron de “capitales públicos por importes millonarios”.
Además expuso que solo en la pieza segunda, relacionada con las obras de las instalaciones del Canal de Golf en la capital, existen indicios de que se apoderaron más de 1,2 millones de euros, de ahí que pida que los coches incautados queden sujetos al procedimiento.
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