Ada Colau y Oriol Junqueras
La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita una condena de 25 años de cárcel, y otros tantos de inhabilitación, para Oriol Junqueras por un presunto delito de rebelión. El fiscal pone a Junqueras como máximo responsable de lo sucedido en Cataluña hace poco más de un año y que concluyó con la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017.
La Fiscalía del Supremo coloca en un segundo nivel de responsabilidad a los exconsellers presos, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn. Para todos ellos, el fiscal solicita 16 años de prisión y 16 de inhabilitación.
Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, ‘los Jordis’, se exponen a una condena de 17 años de cárcel por un presunto delito de rebelión. Misma solicitud que la Fiscalía del Supremo ha trasladado a la defensa de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament.
Los exconsellers menos implicados, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás, han recibido una solicitud de condena por parte del fiscal de 7 años de cárcel por malversación y desobediencia.
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 11 años de prisión para el exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, por un presunto delito de rebelión.
El relato de los hechos incluido en las conclusiones provisionales se enmarca en un contexto fáctico común constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados “a fin de conseguir la independencia de Cataluña como nuevo Estado con forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social”.
Según la Fiscalía del Supremo, la actuación de los acusados pretendía “orillar” la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria para conseguir como objetivo último – con sus propias leyes – declarar la independencia de Cataluña “y obligar al Estado a aceptar la separación, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional”.
A juicio del fiscal, “el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban”.
Por una parte, la Fiscalía destaca la actuación “tumultuaria” desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas “por ellos”, y por otra, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, “que acataría exclusivamente sus instrucciones y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de preservar el orden constitucional”.
En base de los hechos que se recogen en los escritos de conclusiones provisionales, los delitos por los que la Fiscalía del Supremo formaliza la acusación son los de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia por autoridad.
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