Francisco González, expresidente de BBVA
El Ministerio Fiscal atribuye estos hechos a delitos de cohecho activo y revelación de secretos, en relación con encargos realizados entre 2004 y 2006.
El procedimiento se sitúa como uno de los mayores casos penales en España contra una entidad financiera por presuntas prácticas de espionaje empresarial.
La Fiscalía solicita una de las mayores penas de cárcel en España contra un expresidente bancario
La Fiscalía ha fijado en 173 años de prisión la pena para Francisco González por delitos de cohecho activo y revelación de secretos, mientras que reclama 181 millones de euros de multa para BBVA por los mismos hechos vinculados al caso Villarejo.
Los hechos investigados giran en torno a la contratación del grupo empresarial CENYT, vinculado a Villarejo, para desarrollar trabajos de inteligencia presuntamente ilegales.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Pena solicitada para Francisco González | 173 años de cárcel por cohecho y revelación de secretos |
| Multa solicitada para BBVA | 181 millones de euros por los mismos delitos |
| Periodo investigado | 2004-2006 |
| Empresa implicada | CENYT (grupo de Villarejo) |
Los delitos investigados incluyen acceso ilegal a información personal y contratación irregular de servicios de inteligencia
La Audiencia Nacional confirmó el 20 de febrero el procesamiento de BBVA, Francisco González y varios exdirectivos por estos hechos, al considerar que existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio.
Los magistrados señalan que algunos contratos con CENYT fueron ordenados por el entonces presidente, que conocía los métodos de la empresa y su forma de operar.
Además, la Sala considera que González era consciente de que la información obtenida podía haberse conseguido sin respetar la legalidad y sin autorización judicial.
Los jueces ven indicios de que el expresidente conocía la ilegalidad de los encargos
La investigación sostiene que los trabajos encargados incluyeron el acceso a datos personales y registros policiales sin autorización judicial, utilizando recursos vinculados a las fuerzas de seguridad.
Entre las actividades investigadas figuran:
Seguimientos a personas concretas
Intervención de comunicaciones
Consulta de bases de datos reservadas
Análisis patrimoniales de particulares
Estas actuaciones habrían afectado a empresarios, abogados y periodistas, según el auto judicial.
Los encargos incluían espionaje y acceso a bases de datos policiales protegidas
El juez instructor situó el origen de los hechos en septiembre de 2002, cuando BBVA contrató al excomisario Julio Corrochano, lo que facilitó el contacto con Villarejo.
Según la investigación, esta relación permitió el desarrollo de los contratos con CENYT, en un contexto de escasos controles internos dentro de la entidad.
El instructor sostiene que Francisco González autorizó estas decisiones y limitó su conocimiento a un grupo reducido de directivos.
En junio de 2024, el juez Manuel García Castellón propuso juzgar a BBVA, a Francisco González y a Villarejo, poniendo fin a la instrucción del caso.
El magistrado concluyó que los hechos presentan indicios de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos, lo que impide el archivo de la causa.
El futuro juicio se perfila como uno de los más relevantes en el ámbito judicial y financiero en España, por las posibles consecuencias penales y económicas para los implicados.
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