Esta petición se produce tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de julio de 2023 que retira la inmunidad de ambos europarlamentarios. Para la Fiscalía resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023.
El Ministerio Fiscal también recuerda que los hechos constitutivos de malversación llevan aparejadas penas privativas de libertad que, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, podrán ser de entre 6 y 12 años de prisión.