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La Fiscalía pide imputar al fiscalista de la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal y falsedad documental

El cerco judicial en torno al entorno más cercano a Isabel Díaz Ayuso se estrecha. El Ministerio Fiscal ha pedido formalmente la imputación de Javier Luis Gómez Fidalgo, fiscalista del empresario Alberto González Amador, investigado por un supuesto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil.

La solicitud se enmarca dentro de la causa abierta por presuntas irregularidades fiscales en la empresa Masterman & Whitaker, propiedad del empresario desde finales de 2020.

Gómez Fidalgo, cooperador necesario en presunto fraude

Según recoge el escrito presentado por la Fiscalía de Madrid, Gómez Fidalgo habría sido el encargado de confeccionar y presentar las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades de Masterman & Whitaker en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Estas declaraciones se realizaron después de que Alberto González Amador adquiriese dicha sociedad por casi medio millón de euros, pese a que, según la Agencia Tributaria, la mercantil «carecía de valor».

El fiscal acusa al asesor fiscal Javier Luis Gómez Fidalgo de ser cooperador necesario en delitos fiscales y falsedad documental vinculados a la pareja de Ayuso

Una testigo clave: la economista López Crespo

En paralelo, el fiscal ha pedido también que declare como testigo María Blanca de la Encarnación López Crespo, economista encargada de presentar las declaraciones fiscales de la sociedad Maxwell Cremona en los mismos ejercicios fiscales. Aunque no se le imputa delito alguno, su testimonio es considerado esencial para esclarecer las responsabilidades en la trama investigada.

El testimonio de la economista López Crespo podría arrojar luz sobre la implicación de otras personas en la trama fiscal investigada por la Fiscalía

Solicitud de prórroga en la instrucción del caso

Por otro lado, la Fiscalía también ha solicitado una prórroga de seis meses en la instrucción judicial, debido a la complejidad del caso y a la necesidad de practicar nuevas diligencias tras la declaración pendiente de las peritos fijada para el próximo 21 de marzo, que excede el plazo inicial de doce meses.

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Sara Soria

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