La Fiscalía en el caso Lezo ha solicitado imputar a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón, según adelanta La Sexta. Los fiscales ven indicios para investigar a ambos políticos del PP en el marco de la Operación Lezo, que investiga la presunta trama corrupta con epicentro en la empresa pública de aguas Canal Isabel II.
En concreto, el Ministerio Público personado en el caso cree que Gallardón debe ser investigado por la compra de la empresa Inassa en 2001. Este punto ya se conocía desde que en septiembre se publicara que los fiscales del caso pidieron la imputación del expresidente y que fue el exfiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, quien decidió frenar esa petición.
La aparición del nombre de Aguirre es una novedad en este caso. Según el mismo medio, la petición de los fiscales estaría en manos del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón.
Es decir, según La Sexta, el fiscal Anticorrupción que sustituyó al dimitido Manuel Moix, está reteniendo la solicitud de los fiscales de imputar a los dos expresidentes, y la petición aún no ha sido remitida al juez para que formalice su decisión de citarles como imputados.
La Fiscalía ya reclamó al juez de Lezo investigar a Gallardón en noviembre de 2016. El juez primero y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después aceptaron la apertura de diligencias pedidas por Anticorrupción para investigar esa operación, que finalmente se lleva dentro de la pieza 1 de Lezo, sobre la expansión del Canal en Latinoamérica.
En concreto, la Fiscalía pidió hace un año al juez indagar esa compra por delictiva y en su escrito reclamaba enfocar la investigación al exministro. La petición de los fiscales no acabó en la imputación ya que, en un primer momento, el juez de refuerzo de Eloy Velasco, Alejandro Abascal, consideró que esta investigación debía llevarse aparte al ‘caso Lezo’ por no guardar relación con la trama ideada por Ignacio González, sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad.
Pese a la decisión, Anticorrupción recurrió esta orden y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón a los fiscales en enero de 2017, por lo que la compra de Inassa se tendría que incluir dentro de Lezo.
En ese momento, la aparición de Moix frenó tales indicaciones: el principal argumento del exfiscal jefe Anticorrupción fue que, ante el estallido de la ‘operación Lezo’ y las correspondientes detenciones, esta compra que involucra a Gallardón debía llevarse en un asunto aparte, de nuevo. Incluso, el ex fiscal jefe de Anticorrupción que dimitió tras conocerse que poseía una sociedad pantalla en Panamá, se negó a que se realizara un registro en Inassa.
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