La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. - Diego Radamés - Europa Press
En un escrito, el fiscal del caso esgrime que no se pueden retrasar más las comparecencias de González Amador y los otros investigados debido a que el plazo de instrucción de doce meses se está agotando sin que aún se haya oído a los encausados, por lo que «no se puede conocer si es necesaria la prórroga de la causa» y qué diligencias solicitar en la misma.
La jueza Inmaculada Iglesias suspendió el pasado mes de noviembre la declaración prevista para el día 29 de ese mes de Alberto González Amador hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos.
El aplazamiento se produjo a petición de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso al solicitar en un escrito la suspensión hasta que la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid se pronunciara sobre «el acomodo o no a derecho» del auto recurrido.
«La pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos no sólo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, sino lo que sea el objeto de la pieza separada», alegaba la defensa de González Amador.
La citación de González Amador se enmarcaba en el procedimiento en el que se le investiga por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.
Las comparecencias estaban previstas el pasado 24 de junio, pero fueron aplazadas a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.
En octubre, la jueza acordó abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría incurrido en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal al usar una empresa para ocultar unos ingresos con el Grupo Quirón.
La jueza aludió a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una «operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria» en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L.».
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