El escrito de acusación sostiene que Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato de trabajo como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016 “especificándose en su remuneración para ese periodo, además de unos rendimiento de trabajo, unos rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club”. Es más, precisa que desde el mes de julio de 2013 el acusado pasó a trabajar y residir en España, fijando como su domicilio y residencia habitual un inmueble sito en una céntrica plaza de Madrid.
Sin embargo, cuando el técnico cesó de forma “anticipada” su relación con el Real Madrid el 25 de mayo de 2015, tuvo la vivienda arrendada hasta octubre de ese año por lo que durante 2015 “España fue su centro principal de relaciones personales e intereses económicos”.
La Fiscalía subraya que “con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen” tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por eventos varios, el técnico acudió a un “complejo” y “confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen. Así, “simuló” la cesión de sus derechos de imagen a entidades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España “persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y a la ocultación del beneficiario real de los rendimientos procedentes de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o fuera de nuestro país”.
Ancelotti, según la Fiscalía, firmó el 1 de julio de 2013 un contrato privado en el que cedía sus derechos de imagen a la entidad VapiaLimited por un periodo de diez años y un precio de 25.000.000 euros. Un día más tarde la entidad nombra como su apoderado al técnico del Real Madrid “otorgándole los máximos poderes de actuación para gestionar sus derechos de imagen”. Más tarde, en una fecha sin especificar, se formalizó un anexo al acuerdo que modificaba el plazo de duración del acuerdo reduciéndolo a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen rebajándolo a un millón de euros.
El 4 de julio de 2013, de forma “paralela” a su firma como entrenador del Real Madrid, se otorgó al acusado un contrato privado con el club en el que cedía el 50% de sus derechos de imagen a la entidad deportiva entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016. El otro 50% lo tenía una sociedad “innominada” y “no determinada” que actuó en nombre y representación del entrenador italiano. Dicha sociedad resultó ser Vapia LLP, domiciliada en Londres, y no VapiaLimited, una sociedad constituida en Islas Vírgenes, una circunstancia que no se comunicó al Real Madrid hasta un año después.
“De esta forma el acusado se valió de la sociedad Vapia LLP para que ésta se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ya que el contrato de cesión referido de 1 de julio de 2013 era con VapiaLimited”, añade el escrito.
Ancelotti, según la Fiscalía, presentó en plazo sus declaraciones autoliquidatorias correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en las que afirmaba su condición de residente en España y donde reflejaba como domicilio un inmueble sito en una céntrica plaza de Madrid, solo consignó las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid. Sin embargo, “omitió todo rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen (…) llegando de esta forma a declaraciones con cuotas negativas” con un saldo negativo de 39.575 euros en el ejercicio de 2014 y de 529.076 de 2015, cantidades que le fueron devueltas por la Agencia Tributaria en ambos casos.
La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos por importe de 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015 sin que Ancelotti o las otras dos entidades hayan tributado por estas cantidades. Pero es que, además, el técnico también omitió en sus declaraciones la titularidad en propiedad de dos bienes inmuebles sitos en el extranjero. Tras realizar los ajustes correspondientes la Hacienda española calculó el perjuicio sufrido atendiendo a rentas e ingresos omitidos y devoluciones obtenidas en 1.062.079 euros (386.361 en el ejercicio 2014 y 675.718 en el ejercicio 2015).
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