Las asociaciones de familiares de víctimas en las residencias de Madrid / Foto: Pau Alemany
Así lo han anunciado las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia este miércoles en un comunicado conjunto, en el que han valorado positivamente el movimiento de la Fiscalía, que «contrasta con la pasividad mantenida ante denuncias y querellas anteriores».
Sin embargo, ambas asociaciones, que coordinan la denuncia colectiva y firman como denunciantes, han alertado sobre el riesgo de que «los delitos denunciados prescriban» si no se actúa «con rapidez», un hecho que ocurriría a partir de «la segunda quincena del mes de marzo», cinco años después de que ocurrieran los hechos.
«Solicitamos a la Fiscalía que judicialice la denuncia en cuanto haya tomado declaración a los familiares, especialmente teniendo en cuenta que los denunciantes ya aportamos una abundante prueba documental para demostrar la comisión de los delitos», han añadido las asociaciones.
La denuncia colectiva fue presentada ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, el pasado 10 de octubre. La presentaron 109 denunciantes que eran familiares de 115 personas que vivían en residencias en marzo de 2020 (en seis casos, el denunciante tuvo a dos familiares entre las víctimas). Esos 115 residentes vivían en 72 geriátricos diferentes de Madrid. De ellos, fallecieron 111.
En ella se considera que se cometió un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Las cuatro fiscalías territoriales de la región que recibieron la denuncia colectiva han acordado abrir diligencias de investigación por cada uno de los denunciantes, de forma que en total se abrirán 109 diligencias diferentes. Las declaraciones de los familiares se producen en el marco de estas diligencias de investigación.
La denuncia se dirigió contra 29 personas: los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes a su vez fueron el firmante y el autor de «los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños»; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional, que «incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo», y los geriatras responsables de aplicar dicho protocolo en los 25 hospitales públicos madrileños, según han recordado ambas asociaciones en el comunicado.
Los denunciantes detallan en su escrito la discriminación sufrida por sus familiares en cinco ámbitos, aunque resulta especialmente grave lo ocurrido al no medicalizar las residencias y al impedir el traslado de residentes a hospitales públicos. Los otros tres ámbitos se corresponden con el veto a atender a los residentes en los hospitales privados, salvo que el enfermo tuviera un seguro privado; en el hospital del Ifema y en los hoteles medicalizados.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha reiterado en distintas ocasiones que, hasta la fecha, la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas acerca de este tema y que se está haciendo un «uso partidista» sobre este tema, según expresó la consejera del ramo, Ana Dávila, el pasado octubre.
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