La Fiscalía investiga a 29 ex altos cargos de Gallardón por la compra de Inassa por el Canal

La Fiscalía ya ha identificado a una treintena de ex altos cargos y exdirectivos que formaron parte del Ejecutivo de Alberto Ruiz- Gallardón y que aprobaron la compra de Inassa.

Según informa elconfidencial.com “la Fiscalía Anticorrupción va definiendo poco a poco la investigación abierta contra el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón en el marco del caso Lezo”, ya que “bajo su mandato, el Gobierno regional ordenó al Canal de Isabel II iniciar su primera aventura empresarial al otro lado del Atlántico, que se fraguó con la compra de la empresa colombiana Inassa a finales de 2001”. Una operación que, según el ministerio público, pudo generar una “ilícita plusvalía de 66 millones de euros a costa del erario de la Comunidad de Madrid”. Recordando que desde el principio, los investigadores han tenido claro que sus pesquisas debían dirigirse a determinar la identidad de los directivos de varias empresas públicas y mixtas que participaron en esta adquisición y que “adoptaron las presuntas decisiones ilícitas”.

Elconfidencial.com explica que Anticorrupción no sólo va definiendo su identidad, también su grado de participación y responsabilidad en estos hechos y dice que la Fiscalía “ya ha identificado a una treintena de ex altos cargos y exdirectivos que formaron parte del Ejecutivo de Gallardón y que aprobaron la compra de Inassa. Se trata de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que en noviembre de 2001 votaron a favor; y los miembros de los consejos de administración de Canal de Isabel II y de Canal Extensia (esta última, la sociedad que se creó para oficializar la compra) que intervinieron en la adquisición investigada.

Señala este digital que en el primer bloque, aparte de Ruiz-Gallardón, había 11 consejeros. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. En el consejo del Canal había 17 nombres, aunque dos repiten como consejeros (Pedro Calvo y Juan Bravo). Los otros 15 son Ignacio López-Galiacho, Juan Manuel del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Francisco Granados (imputado en Punica), José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Rafael Merino López, Roberto Molero, Andrés Muñoz, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz, Arturo Canalda (hoy presidente de la Cámara de Cuentas) y Ángel Varona (ya imputado en Lezo).

Recuerda que en el año 2001, los administradores de Canal Extensia eran Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Adrián Martín López- Huertas (ya imputado en Lezo), Arturo Canalda González y Salvador Cardona Aucejo. Y hace notar que “na de las figuras clave es Gaspar Cienfuegos, que fue director económico y de desarrollo comercial del Canal”.

Explicando que “la Fiscalía está determinando la identidad de directivos de otras dos empresas que también tuvieron su participación en esta operación: Técnicas Valencianas del Agua SA (Tecvasa), socio comprador de Inassa junto a Canal Extensia, y Aguas de Barcelona (Agbar), una de las firmas vendedoras. Aquí aparece otra figura que el ministerio público considera clave: Francisco Olmos Fernández Corujedo.

Adelanta el mencionado digital que “la Fiscalía estudia pedir la citación como investigados de todos ellos ante el juez instructor del caso, aunque está delimitando las funciones concretas de cada uno con la ayuda de la Intervención General del Estado”.

Indica elconfidencial.com que el ministerio público trabaja en dos líneas de actuación: constatar que los trámites administrativos de la compra fueron irregulares, y averiguar si hubo desvío de fondos públicos. “El uso instrumental de sociedades radicadas en un paraíso fiscal solo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra»”, señala la Fiscalía. No hay fecha para fijar las citaciones, aunque esta pieza del caso Lezo (hay seis) es una de las más avanzadas. También se ha de decidir si las citaciones se producirán en varias tandas.

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