La Fiscalía denuncia por sedición los ataques contra la Guardia Civil

La Fiscalía ha presentado una denuncia por delitos de sedición ante la Audiencia Nacional por los altercados consecuencia de las concentraciones que se llevan produciendo en Barcelona y otras poblaciones a raíz del estallido de la operación contra cargos de la Generalitat responsables del 1-O, han confirmado a Europa Press fuentes de este órgano.

La denuncia por sedición que la Fiscalía ha presentado ante la Audiencia Nacional por los incidentes en Cataluña de los pasados 20 y 21 de septiembre (que por turno ha correspondido al juez Ismael Moreno) atribuye esta conducta delictiva a las «personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones» pero también a la «existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas» que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o “movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación«.

En el texto de la denuncia se pide al juez que abra actuaciones por estos hechos y que dirija oficio a la Guardia Civil para que elabore un atestado con «todas las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» en cumplimiento de las resoluciones dictadas por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, según adelanta la misma agencia.

Se trata del magistrado que ordenó la detención de cargos de la Generalitat responsables de la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.

Según el artículo 545 del Código Penal, estos cargos podrían llevar apareados entre ocho y diez años de cárcel, que aumentan a una horquilla de entre diez y quince en el caso de que los autores sean una autoridad.

Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para revisar imágenes y estudiar la petición de responsabilidades individuales a quienes atacaron sus coches oficiales, incluyendo algunos camuflados. Los mayores daños los sufrieron tres todoterrenos aparcados frente a la sede de la Consejería de Economía fueron los más dañados por los numerosos independentistas descontentos con la actuación judicial por la convocatoria del referéndum del 1-O.

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