Proyecto Castor
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha desestimado investigar las posibles irregularidades contables derivadas de la decisión del Consejo de Ministros –del 3 de octubre de 2014-de abonar 1.350 millones de euros a la empresa Escal UGS, firma controlada en un 66,7% por ACS, como compensación por la finalización del proyecto gasístico Castor, como le solicitaba una plataforma ciudadana, por considerar que es a los denunciantes a los que corresponde “probar” que se ha ocasionado un “daño económico”.
El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), una de las organizaciones que compone dicha plataforma ciudadana, informa de la decisión de la Fiscalía y recuerda que en ese Consejo de Ministros se decidió la medida excepcional de indemnización a Eescal UGS S.L. a través de Enagás Transporte, en menos de 35 días y en un único pago, además de un derecho de cobro a costa del sistema gastista, y concretamente, con cargo a la factura mensual de los ciudadanos por 30 años, no solo por esta cantidad, sino por los trabajos que esta sociedad llevaría a cabo en concepto de “mantenimiento de las instalaciones”, trabajos que ascendían a unas cantidades elevadísimas.
El grupo Caso Castor justificaba su solicitud en base a la Sentencia del Tribunal Constitucional que de 21 de diciembre de 2017 que consideró que esta decisión fue “una inadecuada alteración del sistema de fuentes del derecho que choca con el art. 86.1 CE” por lo que el grupo Caso Castor considera fue adoptada de forma inadecuada y comportaron perjuicios a las arcas públicas.
El Observatorio de la Deuda en la Globalización se queja de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas diga que puede entrar a valorar si una decisión ha sido oportuna o no cuando sí lo ha hecho “al menos en la primera sentencia del Tribunal de Cuentas para los fondos buitre del gobierno de Ana Botella en Madrid”.
Y recrimina el hecho de que la Fiscalía considere las organizaciones que integran la plataforma ciudadana las encargadas de probar el daño real y efectivo en los fondos públicos.
“Desgraciadamente nosotros no somos el Tribunal de Cuentas y no tenemos potestad ni posibilidad para indagar procesos absolutamente opacos que no han respetado los mínimos exigibles en materia de transparencia”, se quejan los denunciantes, aunque anuncian que no desfallecerán y seguirán “buscando cauces para que se haga luz y justicia sobre el despropósito del Castor”.
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