El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo. (Foto: Vox)
La iniciativa del PSOE ante la Fiscalía General del Estado encendió las alarmas sobre el modo en que Vox recauda fondos para sus campañas electorales.
Según los socialistas, la formación habría utilizado huchas y cajas de caudales en sus mesas informativas, sin llevar un registro contable de las transacciones, y habría recibido un préstamo millonario de un banco húngaro estrechamente relacionado con el primer ministro Viktor Orban.
Ahora, el fiscal jefe Alejandro Luzón ha decidido abrir una investigación para esclarecer si estas prácticas incumplen la normativa española y podrían ser constitutivas de un delito de financiación ilegal de partidos políticos.
La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado un procedimiento reservado para determinar si las acusaciones vertidas por el PSOE contra Vox tienen fundamento. Entre los indicios que se están analizando destacan la presunta captación de fondos opacos y la recepción de dinero procedente de instituciones extranjeras.
La Fiscalía ha visto base suficiente para abrir diligencias, lo que podría derivar en acciones judiciales formales contra Vox
El pasado 13 de diciembre, el PSOE presentó una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado señalando que, al menos desde 2020, Vox habría utilizado «huchas» o «cajas de caudales» en sus mesas informativas para recaudar aportaciones económicas en metálico de forma opaca.
Esta práctica, según los socialistas, habría permitido a Vox obtener alrededor de 5 millones de euros sin que existiese un control contable transparente, incumpliendo la normativa que obliga a registrar donaciones y ventas promocionales.
Los socialistas indican que Vox se habría financiado de forma irregular a través de donaciones anónimas y merchandising
Uno de los aspectos más relevantes de la denuncia se centra en el préstamo de 6,5 millones de euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt, cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro vinculado a Viktor Orban, primer ministro de Hungría.
Según la legislación española, está prohibido que los partidos políticos reciban financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras. Sin embargo, Vox ha defendido en reiteradas ocasiones la legalidad de esta operación, aduciendo que los bancos españoles se negaron a otorgarle créditos para sus campañas electorales de 2023.
El vínculo con Hungría y la figura de Orban suscita dudas sobre la legalidad de la financiación de Vox
Desde la formación liderada por Santiago Abascal, se insiste en que todas sus actividades se enmarcan en la ley y que el préstamo húngaro responde a la necesidad de obtener respaldo financiero ante la negativa de las entidades bancarias españolas.
Vox considera que esta investigación es parte de una “estrategia política” del PSOE para desacreditar a la formación, y confía en que la Fiscalía Anticorrupción archive el caso por falta de base legal.
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