La Fiscalía acusa a cuatro médicos del Gregorio Marañón de malversación

La Fiscalía Provincial de Madrid pide un año de prisión y una indemnización a la Comunidad de Madrid de 62.474 euros (de los que ya han consignado 41.860 euros) para cuatro médicos del hospital Gregorio Marañón por un delito de malversación de caudales públicos. Según el escrito del Ministerio Público, los acusados utilizaban tanto los servicios como el personal del centro médico donde trabajaban para realizar pruebas que solicitaban en los hospitales privados donde también desarrollaban su actividad profesional y luego remitían las facturas a los pacientes o las empresas aseguradoras cuando en realidad “el coste iba a parar a las arcas públicas”.

Los acusados son: E. Á. F., un médico jubilado en septiembre de 2014 que hasta ese mes fue jefe del servicio de anatomía patológica del hospital y con consultas abiertas de anatomía patológica en el Instituto Dr. Álvarez de Anatomía Patológica S.L., en Megalab y en el Hospital San Rafael,; B. L. M., medico patóloga del servicio de anatomía patológica y quien asimismo trabajaba para la clínica de Nuestra Señora del Rosario; C. L. V., medico patóloga del servicio de anatomía patológica quien a su vez trabajaba para la clínica de Nuestra Señora del Rosario y M. L. H. A. técnico del laboratorio del servicio de anatomía patológica quien, además, desarrollaba su actividad privada en los laboratorios de los doctores Emilio Álvarez y de otro ya fallecido.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre los años 2012 y 2015 los investigados realizaron u ordenaron al personal auxiliar del servicio llevar a cabo en el laboratorio de inmunohistoquimica del servicio de anatomía patológica en el hospital Gregorio Marañón el análisis de muestras procedentes de pacientes de clínicas privadas. Las pruebas se realizaban en el laboratorio y consistían en biopsias y citologías destinadas al diagnóstico de casos relativos a tumores malignos o a la reacción de los tejidos de determinados anticuerpos, usando las maquinas existentes en dicho laboratorio, así como el material de dicho servicio destinado al Gregorio Marañón.

Para la Fiscalía dichas pruebas suponen un “uso indebido” de los servicios públicos, (reactivos clínicos, personal, material, maquinas, dependencias) porque se realizaban sin coste alguno para las clínicas privadas donde los acusados desarrollaban también su actividad profesional y “un alto coste para las arcas públicas”. Una vez realizadas las pruebas, los resultados se remitían a las clínicas privadas siendo facturadas a los pacientes de las mismas o a las compañías aseguradoras sanitarias.

Acceda a la versión completa del contenido