Fue el pasado viernes cuando el fiscal jefe, Alejandro Luzón, dictó un decreto por el cual archivó las diligencias de investigación sobre ‘Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA’, ahora conocida como ‘Beedigital’, de la que el marido de la vicepresidenta sería director de marketing en el momento de recibir las ayudas.
Según Anticorrupción, “no consta intervención directa ni indirecta de la vicepresidenta en el contrato celebrado de PASD/BeeDigital con la GISS, en la concesión de los avales por parte del ICO y en el denominado Kit Digital”, recoge Europa Press.
El Ministerio Fiscal comenzó a investigar el pasado mes de abril a raíz de la denuncia que presentó el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid por las presuntas irregularidades en los contratos de emergencia aprobados por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.
En este caso en concreto, los populares explicaron que la adjudicación del contrato “se realizó cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones” y que cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda ascendía a 884.000 euros.