Puigdemont durante su primera intervención ante el pleno del Parlamento Europeo
La fianza de cuatro millones de euros que previsiblemente el Tribunal de Cuentas fijará en las próximas horas al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los miembros del su gobierno por el desvío de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 aumentará en los «próximos meses» al sumar el coste de las denominadas ‘embajadas’ catalanas entre los años 2011 y 2017. Así han informado los abogados de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución a los medios de comunicación una vez ha concluido el trámite de alegaciones que han realizado las defensas y acusaciones tras conocer el acta de liquidación provisional en relación a los gastos del 1-O. La instructora del Tribunal de Cuentas ha cuantificado el uso de dinero público para este fin en 4.146.000 euros.
A falta de conocer las fianzas que finalmente el órgano fiscalizador imponga a cada uno de los presuntos responsables para garantizar el reintegro del dinero utilizado al erario público si finalmente son condenados, los abogados de las sociedades denunciantes han adelantado que en el desglose de casi todas las partidas «responden todos los miembros del Govern, incluido el señor Puigdemont» y no sólo los cuatro condenados por el Tribunal Supremo por el delito de malversación en la causa del proces independentista de Cataluña.
Así, el letrado de Abogados Catalanes por la Constitución, Manuel Zunón, ha afirmado que la instructora les ha comunicado que «en pocos meses» citará de nuevo a todas las partes para realizar un acta de liquidación complementaria, en la que se incluiría el coste de la acción exterior realizada por las ‘embajadas’ catalanas.
El Tribunal de Cuentas emitió un informe a las Cortes sobre estas sedes en el exterior y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) en que detectó gastos no justificados, subvenciones ‘a dedo’ y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.
En el texto final del informe aprobado la pasada primavera, la institución fiscalizadora ya dijo que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas ‘embajadas’ gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.
De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las ‘embajadas’ por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc).
Además, para el abogado de Sociedad Civil Catalana, Manuel Miró, lo importante es que el Tribunal de Cuentas está realizando una labor «para evitar el uso de dinero público en hacer estructuras de Estado», así como en «actuaciones ilegales en las que la Generalitat no tiene competencia».
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