Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid
En un escrito de este lunes, recogido por Europa Press, la defensa de Gallego recurre la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que propuso procesarla junto a otras siete personas por las presuntas corruptelas con las que los ‘populares’ madrileños habrían costeado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011.
La que fuera jefa de prensa de la expresidenta madrileña considera «injusto, parcial y discriminatorio que se haga pivotar la financiación del PP sobre la periodista que fue la encargada de Medios» de la Comunidad de Madrid a pesar de que «no formó jamás parte del Partido Popular».
Y es que, apunta su letrado, sobre Gallego «existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor, a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos: desde funcionarios de carrera e interventores a presidentes de la Comunidad, pasando por consejeros y directivos del ramo con capacidad decisiva y firma necesaria».
La representación de Gallego, procesada por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, se ha referido de esta forma a la decisión del juez de archivar la causa para la propia Aguirre y también para su sucesor en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
A este respecto, recuerda que el juez acordó el sobreseimiento para ambos a pesar de «que hay indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente». «Para rebatir esa conclusión no vamos a ahondar en que ambos eran y son perfectamente conocedores de las noticias que se publican y que era de su interés como presidentes que su imagen institucional se mejorase. Es irracional sostener lo contrario», afirma.
La defensa de la exdirectiva apunta que «falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por» Gallego «acerca de los presidentes de la Comunidad». Especialmente, añade, «por qué estos eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada».
Desde su punto de vista, además de ser contrario al derecho a la igualdad, esta cuestión «pone en jaque el derecho a la tutela judicial al faltar el razonamiento de por qué lo que para unos es lícito, para Isabel Gallego es delictivo».
Fue el pasado viernes cuando el magistrado levantó las imputaciones que pesaban sobre los expresidentes regionales Aguirre y González, dejando en la cúspide de los ocho procesados por esta pieza separada número 9 de ‘Púnica’ a Francisco Granados, el presunto cabecilla de la trama.
En su escrito, la defensa de la ex directora general de Medios se refiere a dos de los procesados –Alejandro de Pedro, supuesto conseguidor de la trama y Borja Sarasola– para descargar la responsabilidad que le atribuye el magistrado.
«Si había o no una deuda precedente con el PP o sus cargos ejecutivos, si existía un acuerdo con Borja Sarasola o cualquier otra persona previamente a que Alejandro de Pedro efectuara trabajos para la CAM no puede serle imputado a Isabel Gallego desde ninguna perspectiva de participación, porque más allá de esta alegación, no existe prueba o indicio alguno que ampare que ella lo decidiese, conociese o al menos encubriera», sostiene.
En esta línea, el escrito incide en que el encargo de Gallego para que llegase a trabajar De Pedro fue solicitado al Consejo de Gobierno a través de distintas personalidades de la Comunidad. «Así, se dispuso que se contratara el servicio con los fondos presupuestarios de la Dirección General de Medios, lo que en absoluto puede considerarse ajeno a la Consejería de Presidencia, al Subsecretario General Técnico e, incluso, a los propios presidentes afectados y, desde luego, ni a Salvador Victoria ni a Borja Sarasola», aduce.
Así, el letrado deja claro que no es que Gallego propusiese a De Pedro, sino que éste le llegó «impuesto» tras la recomendación de Sarasola. A su juicio, «no puede tenerse por bueno que se le achaque» a la propia Gallego «aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro», ya fuese «legal o ilegal».
En este punto, su defensa indica que a lo largo de la instrucción se fue «conociendo que numerosos políticos y personalidades relevantes contrataban a las empresas de Alejandro de Pedro». «Si adquirieron con ellas deudas o se prestaron a pagarlas le es completamente extraño a la actuación de Isabel Gallego», concluye.
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