Armas
La Fiscalía Anticorrupción solicita condenas de entre 15 y 29 años de prisión para exdirectivos de la empresa semipública Defex así como intermediarios de la trama de sobornos a autoridades y funcionarios públicos que la empresa habría llevado a cabo en Arabia Saudí a lo largo de nueve años a cambio de contratos de armamento. El Ministerio Público dirige su acusación contra el expresidente de Defex José Ignacio Encinas Charro y los exdirectivos Manuel Iglesias Sarria, Ángel Larumbe y Fernando Aguilar; también contra los responsables de empresas intermediarias Álvaro Cervera, Verónica Blanco-Traba, Charles Ques y Paula Alexandra de Oliveira. Las mercantiles acusadas son la propia Defex y Defence Development, Nytel Global y Metapor.
El escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción incluye diferentes delitos que van desde la corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos y falsedad documental hasta blanqueo de capitales y organización criminal. También pide multas millonarias tanto para las personas físicas como las jurídicas; para Defex, solicita 45 millones de multa y el decomiso de 14 millones y medio.
Según explica el fiscal Conrado Saiz en su informe, entre 2005 y 2014 Defex realizó operaciones comerciales con el Gobierno de Arabia Saudí para el suministro de material militar destinado a la defensa de aquel país y que se materializó en 11 contratos conseguidos y ejecutados mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios públicos, «aprovechándose de la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenía la empresa pública».
La referida a los contratos en Arabia Saudí es la tercera pieza separada del ya conocido como ‘caso Defex’, después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 finalizara también la investigación de otras tramas similares de sobornos en Angola y Camerún. Quedan pendientes al menos otras dos piezas relativas a las actividades de la compañía en Senegal, Gabón o Argelia.
En todos los casos, las sumas de dinero destinadas al pago de comisiones ilícitas se hacían a través de contratos de prestación de servicios y de consultoría que eran inexistentes. En algunas ocasiones, explica el fiscal, el porcentaje de las mordidas llegaba al 20% del valor total del contrato público conseguido.
«Defex carecía de cualquier sistema interno de organización, supervisión y control de las actuaciones de sus directivos que conllevaban un compromiso de ingreso o gasto económico para la mercantil pública, lo que se ponía de manifiesto en su actividad comercial internacional, en la negociación, celebración y aprobación de contratos propios de su actividad comercial con autoridades gubernamentales de los países donde operaba», subraya el escrito.
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