El sector privado proporciona un 75% de las plazas disponibles en residencias de ancianos
El debate sobre esta iniciativa ha estado marcado por la negativa del Partido Popular Europeo y los Conservadores, donde se enmarca Vox, a mantener abierta la petición. Cuando la presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, iba a decretar el cierre del caso aduciendo la mayoría de estas dos formaciones frente a socialistas, verdes e izquierda, la portavoz del grupo liberal, al que pertenece Ciudadanos, ha intervenido, tras estar ausente durante la sesión, para decantar la balanza a favor de investigar la situación.
El caso de las más de 7.000 muertes de ancianos en residencias de mayores de Madrid durante la pandemia ha llegado al Parlamento Europeo por iniciativa de la plataforma Marea de Residencias, cuyos representantes han denunciado que la «masacre» vivida en las residencias de la Comunidad fue debido a la «situación de precariedad» que arrastraban y al «sistema caduco y perverso» que salió a la superficie durante la pandemia.
De lado del PSOE, Cristina Maestre ha atribuido el elevado número de fallecimientos en residencias al protocolo de la Comunidad de Madrid que fijó criterios de exclusión para derivar a hospitales a los mayores que vivían en residencias. «Fue una decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid que dijo «aquí se quedan y aquí se mueren». Esto es muy serio», ha criticado, recordando que en España hay numerosas causas judiciales abiertas por este episodio.
Miguel Urbán, de Anticapitalistas, ha señalado la «criminal actuación» de la Comunidad de Madrid y asegurado que no se han corregido las deficiencias en las residencias por lo que ahora la situación es más precaria que durante la pandemia. En este sentido ha llamado a dejar de «poner la alfombra roja al capital privado en detrimento de lo publico» y prohibir prácticas como el cribado médico.
Según Sira Rego, de IU, se trata de uno de los episodios «más siniestros y tristes» de la pandemia y ha afirmado que las muertes en residencias son una tragedia «consecuencia directa» de la decisión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Así, ha acusado al PP de llevar una «política de silencio» y señalado como «insoportable» que los dirigentes detrás de «dejar morir a personas» no haya asumido responsabilidades.
Frente a las críticas de los partidos españoles, el PP ha defendido las políticas de Ayuso ante la pandemia asegurando que la Comunidad de Madrid respondió de forma «responsable y ágil» a la emergencia sanitaria que se vivía a escala mundial.
El europarlamentario Pablo Arias ha calificado de «ruin» que se ponga en cuestión la gestión de Madrid, pese a que la región fue la «primera en tomar decisiones para proteger a los mayores» frente a un Ejecutivo central que no tomó medidas hasta el 14 de marzo y ha recordado que permitió la concentración del 8 de marzo por motivo del Día de la Mujer pese a las alertas por los primeros contagios.
Mientras, Jorge Buxadé, de Vox, ha insistido en que con el estado de alarma era el Gobierno central el que tenía asumidas las competencias de Sanidad por lo que ha considerado que las decisiones sobre centros de mayores y de salud correspondían a Salvador Illa. Así, ha rechazado la petición aduciendo que «carece de sentido jurídico».
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