Banco de España
La actividad económica en América Latina se ha visto afectada de manera drástica por la crisis sanitaria global vinculada a la pandemia de covid-19 y sufrirá una contracción aproximada del Producto Interior Bruto (PIB) del 8% este año, la mayor de las últimas décadas y notablemente superior a otras regiones emergentes, según el último informe publicado por el Banco de España.
Este duro impacto se produce a pesar de que, dentro de las economías emergentes, en América Latina es donde se han adoptado, en general, las medidas más restrictivas de limitación de la actividad individual y de normal desarrollo de las actividades empresariales.
Sin embargo, algunas vulnerabilidades estructurales podrían haber contribuido a esta mayor incidencia de la crisis sanitaria respecto a otras áreas emergentes, como son la menor calidad institucional, la elevada informalidad laboral y la alta tasa de urbanización, entre otras.
Así, la actividad económica inició una brusca caída en marzo, que se prolongó hasta abril o mayo, dependiendo del país, e hizo que en el conjunto del segundo trimestre la caída de la actividad en el agregado de la región fuera superior al 14% en su tasa intertrimestral.
No obstante, los efectos económicos negativos de la pandemia están siendo heterogéneos entre las principales economías de la región, dependiendo principalmente del grado de severidad de las medidas de confinamiento nacionales, aunque todas las contracciones fueron superiores al 11% en todos los países, siendo especialmente significativa la de Perú (-30,2%).
El Banco de España apunta que América Latina entró en la crisis generada por la pandemia con unas perspectivas de crecimiento a medio plazo reducidas, inferiores a las de otras regiones emergentes de referencia, tras un quinquenio (2015-2019) en el que se registró un avance del PIB muy reducido.
Detrás de la baja productividad de la región se encuentran una serie de obstáculos estructurales, entre los que destacan la dependencia del desempeño económico de los ciclos de precios de las materias primas, el reducido gasto público en infraestructuras, la baja calidad institucional, los escasos rendimientos obtenidos del gasto público en educación o la escasa integración regional.
Además, el análisis resalta que a pesar de las notables mejoras realizadas en las últimas décadas en los marcos de política monetaria y, en menor medida, fiscales, persisten numerosos desequilibrios macroeconómicos y sociales que pueden verse amplificados por la actual crisis sanitaria.
En particular, los elevados niveles de deuda pública en algunos países, los aumentos en las tasas de pobreza y la elevada desigualdad.
Al igual que en otras regiones del mundo, el desplome de la actividad hubiera sido mayor si las autoridades económicas no hubieran adoptado medidas de forma rápida y contundente.
Así, algunos gobiernos, como los de Brasil Chile o Perú, han adoptado planes de estímulo fiscal que se encuentran entre los de mayor magnitud dentro de las economías emergentes y que se concentraron, principalmente, en el apoyo a las empresas y las familias, en la expansión de las capacidades sanitarias y en la emisión de garantías públicas para crédito y capitalización.
De hecho, las medidas han presentado, en muchos casos, elementos nuevos con respecto a crisis anteriores, al igual que en otras áreas geográficas, incluyendo, por primera vez en la región, el uso generalizado de instrumentos de política monetaria no convencional.
Además, en algunos países como Chile o Perú, las autoridades permitieron que los ahorradores en los planes de pensiones privados pudieran retirar una fracción de sus ahorros.
Por su parte, la mayoría de los bancos centrales recortaron los tipos de interés oficiales hasta mínimos históricos, con la excepción de México, hasta situarlos, en términos reales, notablemente por debajo del considerado como tipo de interés de equilibrio.
En este contexto, si bien los sistemas bancarios de la región han acusado el deterioro económico, han mostrado un nivel de resistencia elevado en esta primera fase de la crisis, destaca la institución.
Tras la fase más dura en materia económica, en los últimos meses se ha iniciado la recuperación de la actividad, que se espera que se prolongue en el corto plazo, a pesar de contar con una menor financiación procedente de los flujos de capitales internacionales que en otras recuperaciones, si bien esta recuperación será heterogénea entre economías, gradual y sujeta a un elevado grado de incertidumbre.
En el medio plazo, las perspectivas de crecimiento de la región también se encuentran sujetas a una alta incertidumbre, principalmente ligada a las dudas sobre la evolución futura de la pandemia.
Para 2021, las previsiones del consenso de analistas apuntan a un crecimiento del PIB del 4,1% para la región, manteniéndose también un elevado grado de incertidumbre y notable heterogeneidad en aquellas, con una visión de la recuperación lastrada por todos los factores mencionados anteriormente.
El Banco de España apostilla que el carácter gradual e incompleto de la recuperación proyectada se aprecia en que varias de las economías de la región no habrían recuperado en 2022 el nivel de actividad anterior a la crisis sanitaria.
El informe recoge que la pandemia tiene efectos permanentes a la baja sobre el crecimiento a largo plazo, derivados, entre otros factores, de la destrucción del tejido económico, las menores tasas de inversión o la desaparición de sectores con tasas de crecimiento de productividad mayores que la media.
Además, una segunda ola global de la pandemia tendría efectos económicos significativos. De producirse solo en el plano interno, la pérdida acumulada de producto entre 2020 y 2021 ascendería en torno a 2 puntos porcentuales en el caso de Brasil y México.
No obstante, cuando se asume que el rebrote tiene carácter global, afectando así a los principales socios comerciales de Latinoamérica, su efecto sería más persistente y llevaría a una caída del PIB adicional en 2021, debido, principalmente, al impacto adicional sobre las exportaciones de la región.
Por tanto, la mayor parte de los principales países de la región se beneficiaría de aplicar un programa amplio de reformas estructurales que permitiese alcanzar un mayor crecimiento potencial, lo que exige construir economías más competitivas y productivas, y no revertir las mejoras en la distribución de ingresos experimentadas desde principios del siglo XXI.
En este sentido, el Banco de España detecta un cierto consenso sobre los problemas que tiene que afrontar la región para alcanzar mayores tasas de crecimiento. Así, es necesario aumentar los esfuerzos en el gasto en infraestructuras para un incremento significativo en ese componente del capital físico.
«Toda esta agenda reformista necesita un fuerte liderazgo, capaz de construir consensos a largo plazo y de impulsar los cambios que, sin embargo, no se perciben en la mayoría de los países», concluye el texto.
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