Audiencia Nacional
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Arribas de Paz se ha amparado en su condición de abogada y en su obligación de guardar secreto profesional para no contestar a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. Cabe destacar que la directiva había sido citada como testigo, lo que le habría obligado a contestar a todas las cuestiones planteadas.
Por su parte, fuentes de BBVA han señalado que su declaración como testigo vulneraría el deber y obligación de secreto profesional». «Así lo establece la legislación vigente y el Estatuto General de la Abogacía», han añadido.
A este respecto, Arribas de Paz realizó una consulta previa a su declaración al Colegio de Abogados, que señaló que la abogada estaba obligada «a guardar secreto profesional, obligación que no decae por el hecho de ser abogada interna de una sociedad».
Las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia han señalado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Numero 6, Manuel García Castellón, ha amparado su derecho y le ha instado a contestar las preguntas del Ministerio Público hasta donde pudiese concretar.
A pesar de no haber respondido, Anticorrupción ha preguntado a Arribas de Paz por tres correos anteriores a 2018 y por su relación con el ahora exjefe de control interno de BBVA Eduardo Arbizu, investigado en la causa.
Además, la Fiscalía ha abordado a la directora global jurídica de la entidad por su conocimiento de un contrato del banco con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo.
También, por su papel en la investigación que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) llevó a cabo en 2017 acerca de los trabajos del comisario jubilado para el banco.
Después de que Arribas de Paz haya declinado dar respuesta a estas preguntas, la Fiscalía ha anunciado que se reserva el derecho a pedir su comparecencia de nuevo una vez la Sala de lo Penal resuelva el recurso del banco a la citación de la propia directiva.
El banco adujo que «la mera condición de emisores o receptores de correos electrónicos que no son relevantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación» sirvió de «justificación para citar como testigos a una decena de personas, incluyendo a Arribas».
En este sentido, el BBVA indicó que se trataban de correos en los que intervino en su condición de letrada asesora de la entidad y que fueron enviados a partir de mayo de 2018 (es decir, después del periodo en el que BBVA contrató a CENYT) cuando los Servicios Jurídicos de la entidad comenzaron el trabajo inicial de recopilación de documentación referente al grupo empresarial de Villarejo, que precedió a la investigación interna forense.
Todo ello en el marco de esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, donde tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados, y en la que se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
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